Izquierda Unida propone que la defensa
jurídica gratuita de la ciudadanía con escasos recursos económicos se
preste a través de un sistema de “defensores públicos” integrados por
abogadas y abogados dedicados íntegramente a esta tarea y los Ayuntamientos
deben gestionarlo de manera concertada con la Comunidad Autónoma. “Se generaría
empleo público, de calidad, con un sueldo digno y se prestaría un servicio
básico para la igualdad de oportunidades, algo clave en democracia, cosa que
hasta ahora no sucede por lo que la discriminación y la exclusión en materia de
justicia es un hecho entre los conquenses” mantiene Ana Mª Sánchez, candidata a
la alcaldía de Cuenca por Izquierda Unida.
Las políticas más avanzadas en materia
de Justicia contemplan modelos denominados de “justicia restaurativa”
complementarios o sustitutos de los modelos habituales de “justicia
retributiva”, sin embargo, estos últimos modelos solo sancionan y su
competencia pertenece al estado. Por el contrario los modelos de justicia
restaurativa procuran restaurar el daño obligando al infractor a realizar
trabajos comunitarios de índole social.
“Se trata de poner en marcha programas
efectivos, coordinados con los departamentos de justicia de la administración
local y autonómica, con especial atención a la reparación de las víctimas de
faltas y delitos cometidas por menores infractores, de delitos y faltas contra
la seguridad vial, contra la salud pública, cometidos en el ámbito familiar o
por personas en situación de riesgo de exclusión social. En definitiva es un beneficio
social y económico a la colectividad ya que reduce el número de
población carcelaria por delitos poco graves y reduce el gasto público”
concluye la candidata de la formación de izquierdas, siempre defendiendo el carácter
pedagógico y social de la administración en cualquiera de sus
dimensiones, también en lo local, en el Ayuntamiento.
El programa electoral de Izquierda Unida
de Cuenca se opone a la privatización encubierta de la
justicia que ha empezado a hacer el PP dejando que se deteriore el Turno
de Oficio en cuanto a los honorarios insuficientes a los profesionales
que lo desempeñan, demorando su pago más allá de un año, facilitando que sólo
los grandes despachos pueden asumir el servicio.
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