martes, 19 de mayo de 2015

LA JUSTICIA GRATUITA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE DEBEMOS DEFENDER

Izquierda Unida propone que la defensa jurídica gratuita de la ciudadanía con escasos recursos económicos se preste a través de un sistema de “defensores públicos” integrados por abogadas y abogados dedicados íntegramente a esta tarea y los Ayuntamientos deben gestionarlo de manera concertada con la Comunidad Autónoma. “Se generaría empleo público, de calidad, con un sueldo digno y se prestaría un servicio básico para la igualdad de oportunidades, algo clave en democracia, cosa que hasta ahora no sucede por lo que la discriminación y la exclusión en materia de justicia es un hecho entre los conquenses” mantiene Ana Mª Sánchez, candidata a la alcaldía de Cuenca por Izquierda Unida.

Las políticas más avanzadas en materia de Justicia contemplan modelos denominados de “justicia restaurativa” complementarios o sustitutos de los modelos habituales de “justicia retributiva”, sin embargo, estos últimos modelos solo sancionan y su competencia pertenece al estado. Por el contrario los modelos de justicia restaurativa procuran restaurar el daño obligando al infractor a realizar trabajos comunitarios de índole social.

“Se trata de poner en marcha programas efectivos, coordinados con los departamentos de justicia de la administración local y autonómica, con especial atención a la reparación de las víctimas de faltas y delitos cometidas por menores infractores, de delitos y faltas contra la seguridad vial, contra la salud pública, cometidos en el ámbito familiar o por personas en situación de riesgo de exclusión social. En definitiva es un beneficio social y económico a la colectividad ya que reduce el número de población carcelaria por delitos poco graves y reduce el gasto público” concluye la candidata de la formación de izquierdas, siempre defendiendo el carácter pedagógico y social de la administración en cualquiera de sus dimensiones, también en lo local, en el Ayuntamiento.

El programa electoral de Izquierda Unida de Cuenca se opone a la privatización encubierta de la justicia que ha empezado a hacer el PP dejando que se deteriore el Turno de Oficio en cuanto a los honorarios insuficientes a los profesionales que lo desempeñan, demorando su pago más allá de un año, facilitando que sólo los grandes despachos pueden asumir el servicio.

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