Para Izquierda Unida de Cuenca, el
comunicado emitido por la Secretaría General del SESCAM el 30 de enero pasado y
remitido a los centros sanitarios podría vulnerar los derechos fundamentales de
las plantillas en relación a su libertad de expresión.
En dicho comunicado se
recuerda que, según la legislación vigente, se puede sancionar económicamente
hasta con 15.000 euros a aquellos trabajadores del SESCAM que hagan un uso
indebido de sus uniformes o equipos. Por ejemplo, que usen la bata de trabajo
fuera de los centros para fines que no sean asistenciales; que utilicen el
ordenador y el correo electrónico para un uso que no sea exclusivamente
profesional; o que coloquen anuncios o carteles en lugares que no estén
habilitados para ello por el responsable del centro.
Según los
profesionales consultados, se trata de una Orden Mordaza, cuyo único fin es
amedrentar a los trabajadores más activos contra los recortes, especialmente si
lo hacen a través de las distintas plataformas que han surgido en defensa de la
sanidad pública, o poder castigar a quienes filtren a la prensa desde su
ordenador de trabajo lo que acontece en el interior de sus centros sanitarios.
Si se aplicase la
orden, por ejemplo un gerente podría sancionar con una multa a un médico que
atienda a la prensa fuera del recinto con su bata de trabajo por un tema
relacionado con la situación laboral de su centro, al entender que no tiene
nada que ver con fines asistenciales.
Además, desde el SESCAM se
acaba pidiendo a los trabajadores que denuncien ante la Gerencia a aquellos
compañeros que entiendan que contravienen lo establecido en esta orden.
Habida cuenta que
la mencionada orden toma por referencia los artículos 52 y 54 del Estatuto
Básico del Empleado Público, conviene que el Gobierno de la Nación valore si su
interpretación por parte de las autoridades autonómicas no ha sido abusiva,
porque en ningún caso deben utilizarse
estos artículos como base para recortar
los derechos de expresión de los trabajadores y mucho menos inducir a la
denuncia de otros compañeros.
Por todo ello, el
grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha formulado las siguientes preguntas al
Congreso de los Diputados:
¿Ha
dado instrucción el Gobierno para que las Administraciones Públicas utilicen
los artículos 52 y 54 del Estatuto Básico del Empleado Público para coartar el
derecho de los trabajadores a expresar opiniones críticas en relación con la
gestión de los servicios públicos?
Dentro
del respeto a las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas en
materia sanitaria, ¿Qué opinión le merece al Gobierno la nota de 30 de enero de
2014 emitida por la
Secretaría General del SESCAM en la que se amenaza a los
trabajadores sanitarios con sanciones de hasta 15.000 euros y se les invita a
delatar a sus compañeros?
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