Asistimos
a un inicio del curso escolar especialmente grave y conflictivo como
consecuencia directa de las medidas que se vienen aplicando en el ámbito
educativo. A los drásticos y persistentes recortes presupuestarios, cuyas
peores consecuencias están recayendo sobre el profesorado y el alumnado de la
educación pública, se unen unas políticas tan injustas como arbitrarias -cuya
máxima expresión es la contrarreforma educativa que supone la LOMCE- que tienen
en pie de guerra al conjunto de la comunidad educativa, desde la Educación
Infantil a la Universidad, a lo largo y ancho de nuestro país.
Prueba
de ello son las importantes acciones reivindicativas con las que ha arrancado
el curso, destacando la huelga indefinida del profesorado de las Islas
Baleares, que ha marcado un hito por su seguimiento y el amplio apoyo social conseguido.
Asimismo se ha hecho público recientemente el calendario de movilizaciones
previsto para el primer trimestre escolar, fruto del acuerdo de los distintos
sectores de la comunidad educativa (madres y padres, estudiantes y
profesionales de la educación) En primer lugar la consulta ciudadana por la
educación pública, que se inició el pasado día 23 de septiembre y se prolongó
hasta el 13 de octubre –en el que IU-CLM puso todos los medios los humanos para
que fuera un éxito-. A continuación, desde la Plataforma Estatal por la Escuela
Pública, se ha convocado también una huelga general de la enseñanza para el 24
de octubre, así como la organización de marchas educativas en todas las
Comunidades Autónomas, entre el 2 y el 9 de noviembre, que culminarán en el
Palacio de la Moncloa. Como en otros sectores, esta lucha es una respuesta
unitaria contra los ataques que está sufriendo nuestra educación pública y frente a las
contrarreformas educativas que quiere imponer el PP.
Según IU en Cuenca, el Gobierno del PP, desde su ideología
netamente mercantilista (“menos estado y más mercado”) está acelerando un
proceso privatizador, comenzado años atrás, con el objetivo de convertir la
escuela pública en subsidiaria de la privada. Desde la llegada del Gobierno del
PP, se han recortado 5.212 millones de euros en educación y los últimos datos
advierten del acelerado deterioro de nuestro sistema público educativo, que
gana estudiantes, pero pierde docentes, inversión en servicios educativos y
programas de apoyo al alumnado, becas y ayudas al estudio, etc. Todo ello pone
de relieve que los brutales recortes del Gobierno del PP atentan contra la
calidad y la equidad de la educación pública, única garante del derecho
universal a la educación en condiciones de igualdad.
Un sistema educativo degradado, con más alumnado y menos
profesorado en la educación pública; un gasto diferencial en caída libre que
aumenta con respecto al promedio de los países de la OCDE (un 25%); una
disminución de becas y becarios (menos un 8% de becas respecto del curso
2011/12) y 24.957 profesores y profesoras menos en tan solo un curso (casi
7.000 en CLM), más otros 4.321 docentes e investigadores universitarios que
perdieron su trabajo en el mismo periodo. En medio de una crisis-estafa que
está atacando de manera directa a la clase trabajadora, el gobierno del PP deja
además sin ayudas para adquirir libros de texto a 578.000 estudiantes, reduce
las becas de comedor y elimina las medidas que buscaban la equidad de nuestro
sistema educativo, hasta ahora el principal parámetro educativo que nos situaba
en un elevado nivel respecto a los países de la OCDE, según informes
internacionales que tanto se citan, aunque sea a medias.
A ello se suma el empecinamiento del ministro Wert, alentado
por la patronal de la enseñanza privada y por el lobby eclesiástico, en
seguir adelante con su proyecto de LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa), a pesar del rechazo que viene cosechando en amplios
sectores de la comunidad educativa y de haber batido el record de enmiendas a
la totalidad (hasta 11) en los inicios de su trámite parlamentario.
Desde Izquierda Unida, manifestó Sánchez, denunciamos que la aplicación de las medidas
que se recogen en la LOMCE supondría el principio del fin del modelo de educación
pública que se ha ido conquistando durante décadas, y su paulatina sustitución
por un sistema educativo mercantilizado, cuya calidad estaría
íntimamente relacionada
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