Se van conociendo detalles de la nueva reforma de
la ley electoral regional por la que se pretende reducir a la mitad el número
de escaños a elegir en las Cortes, pasando de los actuales 49 a 29
aproximadamente, sin llegar a entrar en vigor la última reforma del mes de
junio pasado, donde el mismo PP sitúo el número de escaños en 53.
Los nuevos cambios en la ley electoral responden a
las necesidades propias del partido en el gobierno y no solucionan los problemas de déficit
electoral, representatividad, pluralismo político y necesidad de regeneración
democrática de Castilla-La Mancha. La opción elegida condena a una degradación
mayor, si cabe, a las Cortes regionales, únicas bipartidistas en toda España, y
en su conjunto a la calidad democrática de una sociedad que demanda más
participación y responsabilidad en la gestión de las instituciones públicas.
En Castilla-La Mancha llueve sobre mojado, sucede
algo inaudito en una Democracia, tres Presidentes/as y cinco sistemas
electorales. No existe ninguna otra región o país democrático donde cada
Presidente o Presidenta, en este caso, haya adecuado el sistema electoral, las
reglas de juego democrática más básicas y fundamentales, a su imagen y
semejanza, a sus intereses personales y partidistas con el único objetivo
de mantenerse en el poder a toda costa.
Desde 1982 hemos tenido dos Presidentes y una
Presidenta, la actual, y cada uno de ellos ha modificado de manera obsesiva las
reglas electorales para hacerlas favorables a su reelección o a sus espurios
intereses, no al servicio de un Estado Social y Democrático de Derecho. Si lo
que ocurre en Castilla-La Mancha con el sistema electoral sucediera en otros
países, el PP y sus voceros estarían hablando de caudillos, dictadorzuelos y
repúblicas bananeras.
Resulta especialmente degradante el caso de
Cospedal, que en apenas dos años de gobierno, si no cambia de opinión, quitará
el sueldo a los electos y pasará de modificar el número de escaños para
aumentarlo, a dejarlo en la mitad, denotando el carácter caciquil de la medida
que dejará a las Cortes sin una auténtica representatividad democrática, sin
oposición a las políticas neoliberales de ajuste duro y excluyendo de los
ámbitos de decisión política a la clase trabajadora. Y todo ello unido al
notable aumento de los políticos elegidos a dedo y muy bien pagados en su
gobierno, ya que gasta 58 millones de
euros en políticos elegidos a dedo, un 88% más que el año 2011 en la “alta
dirección de la Junta”, mientras las Cortes tienen un presupuesto anual de 9,7
millones de euros.
Si hasta la fecha estábamos ante sucesivos manejos
electorales, es decir, elecciones condicionadas a una ley electoral injusta y
poco democrática sin parangón en cualquier otra región, a partir de la reforma
que pretende Cospedal, la regulación del sistema electoral se puede resumir en
cuatro palabras, pucherazo en toda regla.
Plantea el PP la dicotomía, austeridad o
Democracia. ¿Y por qué no calidad democrática, soberanía popular, pluralidad
política, transparencia y ética en la gestión, reparto de escaños de forma
proporcional al voto obtenido….. y además austeridad, incluso en tiempos de
bonanza, limitando sueldos, políticos a dedo y poniendo límites,
incompatibilidades y fijando sueldos muy
austeros? ¿Por qué no más diputados y menos sueldo? En realidad el PP quiere
alejar del pueblo y de los trabajadores la política y las decisiones que
afectan a su presente y futuro, para dejarlas en manos del gran patrono, de la
oligarquía económica.
¿Quién podrá ser diputado o diputada en Castilla-La
Mancha sin sueldo y con un puñado de electos? La respuesta, los más ricos,
profesionales de la elite económica que se lo puedan permitir, sean útiles a
determinados intereses de alejados de los interés de la mayoría social, el
resto, el 95% de la gente, como decía aquel, ¡no os metáis en política, que ya
me ocupo yo!
Desde la Asamblea regional de IU Castilla – La
Mancha proponemos caminar en dirección contraria, reforzar, pulir, mejorar la
Democracia, no mutilarla como pretende Cospedal, y reformar la Ley Electoral
regional de forma que garantice una democracia representativa de calidad en el
que el que todos los votos tengan el mismo valor.
Alcázar de San Juan 17 de
noviembre de 2012.
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