Ayer fue el Día Mundial Contra la Violencia de Género porque
fue un 25 de noviembre de hace 52 años cuando el estado dictatorial de Rafael Trujillo
en República Dominicana asesinó a tres mujeres activistas por defender la
libertad política en su país. La violencia de género no sólo la ejercen los
maridos, novios, parejas o exmaridos, exnovios o exparejas también lo puede
hacer el propio estado.
Los malos tratos hacía las
mujeres son un problema de primer orden en nuestra sociedad y específicamente
en Castilla-La Mancha. Baste recordar algunos datos estadísticos, que conllevan
miles de dramas personales y familiares, para entender la trascendencia y
magnitud de este problema. Las denuncias interpuestas por esta causa, durante
2011, ascendieron a 4910 en la región y han sido más de 3000 en los nueve
primeros meses de 2012. En 2011 se adoptaron más de 1300 órdenes de protección
y hay activas más de 4000 medidas
activas de protección en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Además, la
violencia de género se ha cobrado la vida de 4 mujeres en la región, en lo que
va de año.
Entre el 45% al 60% de los homicidios
contra las mujeres que se realizan dentro de sus hogares, la mayoría los
cometen sus cónyuges. Además es la principal causa de muerte para las mujeres
entre 15 a 44 años de edad, ubicándose por encima del cáncer y los accidentes
de tráfico.
Aunque la igualdad entre mujeres y hombres
está garantizada en las constituciones de muchos países con frecuencia se les
niega a ellas el acceso a la justicia y a la protección contra los abusos.
Esto no se origina por desconocimiento, sino por una falta de inversión, de voluntad política de respetar las necesidades de las mujeres y de proteger sus derechos fundamentales.
Esto no se origina por desconocimiento, sino por una falta de inversión, de voluntad política de respetar las necesidades de las mujeres y de proteger sus derechos fundamentales.
De las casi 50 mujeres
asesinadas en España en la llevamos de año solo 7 habían denunciado. Con la
nueva Ley de Tasas Judiciales habrá menos mujeres que denuncien porque al drama
que supone reconocer que eres mujer maltratada y contarlo ante la policía, al
riesgo que se corre de desprotección, inseguridad y peligro de venganza, habrá
de sumarse la necesidad de tener dinero para interponer dicha denuncia. Las
mujeres pobres, dependientes, en paro o menores si no tienen dinero la justicia
no les asiste.
Para separarse o
divorciarse hace falta dinero también, tener recursos como una vivienda y poder
mantener a los hijos, sin embargo cuando una mujer trabaja todavía cobra menos
que el hombre realizando la misma función, todavía tienen los contratos precarios,
parciales, temporales o está trabajando en la economía sumergida. La
feminización de la pobreza cada día es mayor.
En cuanto a la sanidad con
los brutales recortes se consigue que enfermedades relacionadas con las mujeres
se diagnostiquen tarde o en malas condiciones, también aquellas que tienen que
ver con los malos tratos como depresiones, fibromialgias, trastornos
alimenticios, falta de sueño y de concentración entre otras. En algunas
comunidades además se paga el euro por receta.
Izquierda Unida en Castilla-La
Mancha ha denunciado que el Gobierno regional ha recortado un 40% en
presupuesto del Instituto de la Mujer, ha despedido a más de 120
trabajadores/as especializados, ha dejado a muchas poblaciones del medio rural
sin atención básica de los Centros de la Mujer, muchos de ellos están cerrados,
se ha abierto la puerta a la privatización de los servicios, y los trabajadores
de los centros que quedan abiertos están en situación de absoluta precariedad y
sin medios, además de la incertidumbre que les rodea al depender de una
subvención anual.
Con respecto a los
convenios para el sostenimiento económico de los Centros de la Mujer y recursos
de Acogida, cuyo montante de más de 9 millones de euros no se ha pagado en este
año 2012, lo que significa poner en riesgo lo poco que queda de programas y
servicios contra la violencia de género.
En nuestra región acaban de
aprobar el Decreto de la Autoridad del Docente porque quieren proteger a los
profesores/as, dicen que les importa la educación, mientras tanto reducen miles
de puestos de trabajo en este campo, consiguiendo que haya más alumnado por
aula lo que provoca peor educación, y a peor educación más violencia, menos
igualdad. El respeto y la autoridad son posibles con el conocimiento y la
cercanía y son imposibles con el hacinamiento que se produce en nuestras aulas,
llenas de chicas y chicos diversos, reproductores de modelos que ven a su
alrededor.
Las políticas del gobierno atentan
contra la integridad de las mujeres y de la democracia. Están desmantelando los
servicios sociales, cerrando casas de acogida y puntos de encuentro,
suprimiendo centros de atención a la drogadicción, de la cartilla sanitaria a
la población inmigrante, siguen produciendo desahucios y una ley de dependencia
que no se desarrolla. Es machismo institucional, cuyo modelo de crecimiento
económico es Eurovegas.
Hoy reivindicamos con urgencia
para paliar la violencia de género:
· Una política, laboral, fiscal y social al servicio
de la redistribución justa de los recursos para evitar la feminización de la
pobreza
·
Defensa de los servicios sociales con incremento de
gasto en políticas de igualdad
·
Corresponsabilizar a toda la sociedad del
sostenimiento de la vida y del hogar, a todos los hombres con medidas como la
reducción generalizada de la jornada sin pérdida de salario y prestaciones
·
La abolición de la prostitución
·
Derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo
·
Que la violencia de género como maltrato psíquico,
físico, violaciones sexuales u otras expresiones sean visibilizadas y que las instituciones
y la sociedad no la minimicen ni la normalicen.

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