Izquierda Unida ha decidido realizar una concentración el próximo viernes
día 20 a las puertas del Palacio de La Moncloa para denunciar, mientras se
reúne el Consejo de Ministros, que los drásticos recortes impuestos por el
Gobierno suponen un “ataque al actual sistema constitucional y a la
democracia”. Cayo Lara anunció esta movilización durante su intervención final
ante el Consejo Político Federal (CPF), reunido
en Madrid.
Mientras tanto, la movilización de
IU frente a La Moncloa de la próxima semana fue el colofón de una intensa
reunión del CPF. Su anuncio corrió parejo a la presentación y aprobación (de
una resolución política en la que IU llama a la ciudadanía a la “movilización
frente al desguace del Estado” que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.
“Es necesario que la calle hable”,
señala el texto que fue presentado a los miembros del Consejo por José Antonio
García Rubio, secretario federal de Economía y Trabajo. “Llamamos a todos
nuestros afiliados, a toda la gente de izquierdas, a toda la población a
participar activamente en las movilizaciones convocadas por los sindicatos para
el próximo día 19 de julio y a preparar las acciones generales que, sin duda,
van a ser convocadas en otoño”, concretó.
La resolución llama a “todos los
demócratas a derrotar al Gobierno y sus políticas” porque es necesario defender
“la solidaridad frente al recorte” y recuerda que “la lucha de los mineros es
ya un referente de la movilización necesaria para derrotar las políticas de
este Gobierno, que van contra los trabajadores pero también contra la mayoría
social y el interés nacional”.
IU asegura en el texto aprobado que
no permitirá que “España sea una nueva Grecia” y exige la consulta a la
ciudadanía en referéndum de “la imposición de las 32 medidas contenidas en el
memorándum de la Comisión Europea”, aceptado por el Gobierno español para lograr
los fondos necesarios para el rescate a los bancos con problemas.
Frente a los duros recortes
consecuencia de este rescate, IU rechaza a través de su resolución cualquier
“compromiso” con esas medidas, al tiempo que acusa al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, por situarse “frente a los trabajadores y el interés nacional”,
mientras que el PSOE, con su apoyo a la gestión del Gobierno frente a Bruselas,
“ha quedado atrapado en la lógica que conduce al agravamiento de la crisis”.
La resolución afirma que, con los
recortes no sólo se busca la culpabilizacación de los funcionarios, sino que
“se viola la seguridad jurídica de los contratos establecida en la Constitución
y se incumple la negociación colectiva”.
Además, Izquierda Unida advierte de
que se busca limitar los derechos de representación democrática “en un intento
de trasladar a la población la idea de que la democracia es cara”. “Lo que
verdaderamente es caro es un gestión corrupta de ciertos políticos”, se
especifica.
El documento sostiene que los ayuntamientos
son la institución más cercana a los ciudadanos y “no pueden ser debilitados
porque entonces la democracia pierde sentido y calidad”.
Se asegura que la subida del IVA
“golpea más a los sectores populares” y se señala al Ejecutivo de la derecha
por hacer “un nuevo regalo” a la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) al propiciar un “trasvase de rentas salariales a las
empresariales”.
“Con esa medida (IVA) se debilita el consumo y, por tanto, se agrava la crisis
económica y se perjudica el empleo. Pone contra las cuerdas a las pequeñas y
medianas empresas y a los autónomos”, apunta el texto.
La resolución de IU aprobada
constata que el plan de recortes y las medidas que ejecuta el Gobierno
del PP suponen “un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual
sistema constitucional y a los principios de la democracia. Lejos de ser una
salida hacia delante de la crisis es una regresión económica y social y
significa una involución democrática”.
Al igual que expuso Cayo Lara horas
antes en la presentación de su Informe político, el texto expone la necesidad
de una auditoría de la deuda pública por parte del Gobierno para determinar qué
parte corresponde a la economía real y qué parte es ilegítima.
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