Estamos asistiendo al mayor ataque que hemos conocido en décadas contra los trabajadores, desatado desde los capitalistas, los que ostentan el poder económico, y legislado por sus ejecutores, que son los gobiernos de turno, de uno u otro signo.
Con el pretexto de la crisis, que no han sido los trabajadores los que la han creado, se pretende dar la mayor vuelta de tuerca para despojar a la clase trabajadora de lo poco que tiene: los servicios públicos.
No podemos olvidar que esto no es algo que haya aparecido de golpe: se lleva recortando todo lo que suene a público, a presencia del Estado, desde hace mucho tiempo. Ya con Felipe González asistimos al recorte de la presencia pública en empresas estratégicas, como Telefónica. Mejor no hablamos de lo que se hizo con las empresas de Rumasa.
Los gobiernos siguientes han seguido haciendo lo mismo. Recordar que en Sanidad el primer ataque se produce en el Hospital de Alcira, en la Comunidad Valenciana.
Con Zapatero en la Moncloa, hemos asistido a la privatización de una parte (la rentable) de Aena, poniendo en manos de intereses privados el control de los aeropuertos. También le tocó el premio a la Lotería.
Los recortes en los gastos de los servicios públicos, en nuestra región, ya empezaron con Barreda: en los últimos presupuestos (2011) más de la mitad de los recortes previstos los hicieron en Educación y Sanidad. Introducir el ánimo de lucro en la sanidad no es algo novedoso y tiene su sustento legal en la Ley 15/97 sobre nuevas formas de gestión sanitaria, aprobada en el Congreso de los Diputados por el PP, PSOE, CIU, PNV y CC, con el voto en contra de IU.
Tenemos que recordar también, y es fundamental, la modificación constitucional perpetrada y aprobada por PP y PSOE, ya agotada la anterior legislatura, para incluir el déficit en la misma.
Ahora, con los gobiernos del PP la tendencia se acelera, y se amparan en la crisis para hacer de los servicios públicos, que son la base del estado del “medio.estar”, que hemos pagado entre todos, un negocio privado dirigido a ganar dinero. Se excusan en la política Europea, en las decisiones del BCE y del FM para asfixiar, desproteger y precarizar a los trabajadores, beneficiar a la gran banca y dejar todos los servicios públicos y sociales en manos de los “mercados” y los especuladores.
Los servicios públicos y sociales son de todos: han costado muchos años, mucho esfuerzo y muchas luchas poder acceder a disponer de los servicios básicos de carácter universal y gratuito. Hay que Garantizar el derecho a la educación pública y gratuita de calidad en todas las etapas. Preservar el sistema público sanitario: centros de salud, hospitales, etc. Mantener la defensa prioritaria de los servicios sociales públicos y de los colectivos especialmente desprotegidos
Es el momento de emprender un cambio radical en la aplicación de medidas para dinamizar la economía y aumentar los ingresos públicos a través de una reforma fiscal progresiva que permita luchar contra el fraude, así como la reactivación del crédito a través de la creación de una Banca Pública. No es obligado recortar los gastos solamente: también se pueden subir los ingresos. Es la única salida posible para los trabajadores: la apuesta por lo público. La verdadera crisis es aceptar sin lucha la destrucción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, con ello, el futuro de bienestar de los ciudadanos y ciudadanas garantizado por unos servicios públicos de calidad.
Mota del Cuervo 24 de marzo 2012
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