CORREOS O COMO PRIVATIZAR UN SERVICIO PÚBLICO

En los años 90 nos presentaban a Correos como una de las mayores empresas en número de trabajadores de España, más de 64.000, la mayoría de ellos funcionarios. Una empresa que en sus análisis de calidad se jactaba de tener trabajadores totalmente eficaces en su labor y comprometidos con la sociedad. El cartero era valorado por los ciudadanos como un trabajador cercano, amable y eficiente. Mientras se hacían estos análisis de cara al exterior y también ante los propios empleados, se trataba de forma solapada de terminar con estos trabajadores y por ende con el servicio público de comunicación.

De una parte se vendía a los gestores que Correos no era meramente una empresa de transporte, ni de limpieza,…y que, por tanto, había que externalizar estos servicios. Externalizar los servicios, ya se sabe lo que significa: contratar una empresa privada que lo preste más barato y hacer como que no sabemos a consta de qué. Así fue como todo el transporte interurbano e interprovincial pasó a manos de autónomos y otras empresas del transporte, siempre adjudicándose a aquel que prestara el servicio a menor coste y cumpliera los requisitos, entre los que sí figuraba mantener y exhibir la imagen de Correos en el vehículo, pero en los que no se supervisaban las relaciones laborales. Los jefes intermedios de los centros lo vieron como la eliminación de un conflicto. Ya no tenían que preocuparse de que una conducción saliera o llegara a tiempo. Les habían quitado la responsabilidad, pero seguían cobrando lo mismo. Todo un chollo si no nos detenemos en la profundidad de la cuestión.

Sin embargo, estos mismos jefes se quejaban de que seguían teniendo otro problema. Hablaban amargamente de los trabajadores que no cumplían, de las bajas que aún justificadas legalmente no eran justas, de las exigencias en derechos de estos trabajadores…de todas aquellas cuestiones que impedían que se cumplieran los OBJETIVOS fijados por la empresa, sin pararse a analizar la racionalidad en sí misma de esos objetivos. En definitiva la dirección logró que estos jefes, también funcionarios, tuvieran como enemigo a los propios trabajadores. La voracidad empresarial estaba consiguiendo que en lo interno la cara buena del trabajador se convirtiera en ogro. No se valoraba a los cumplidores. No se planteaban si los objetivos eran acordes y justos. El servicio universal del correo iba quedando atrás.

Y una vez más la dirección demostró tener las soluciones mágicas. La automatización y mecanización eliminarían los retrasos en clasificación. La precarización laboral haría más fácil la sumisión del trabajador. Debía de crecer la eventualidad y la flexibilidad. Había que “extinguir” a los funcionarios. Ese trabajador amable, eficiente y cercano, pero con derechos debía pasar a la historia.

La última cuestión a resolver era la gestión. Quien haría, mantendría, defendería y avanzaría en estos cambios hacia la competitividad empresarial. Pues nadie mejor que aquellos trabajadores fijos más dóciles. Aquellos funcionarios a los que se les prometiera lo que no habían podido alcanzar por igualdad, mérito y capacidad. Ellos estarían dispuestos a doblegarse sólo en función de intereses económicos.

Queda ya poco para que nos preguntemos con añoranza ¿Qué hay del cartero de mi barrio? ¿Dónde está la oficina de Correos de mi pueblo donde poder enviar un paquete? Es evidente que el cambio tecnológico es la primera respuesta. Pero también lo es que la necesidad de comunicación a distancia seguirá existiendo de por vida y al frente de las nuevas formas y modelos de comunicación ya no va a estar el servicio público cuya pretensión debe ser servir al ciudadano en sus necesidades de comunicación, sino entes privados que utilizarán la necesidad básica de comunicación de los ciudadanos para forrarse a manos llenas.

Alejandro Avila, candidato a las Cortes Regionales de IU por la provincia de Toledo, es delegado sindical de CC.OO. en Correos y fue anteriormente el secretario provincial de CC.OO. en Correos. Avila es trabajador funcionario de Correos y ha defendido durante toda su trayectoria laboral el mantenimiento y gestión pública del servicio de comunicación postal.