MOCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO
Es intolerable que España sea una excepción en el ámbito europeo donde no hubo perdón ni amnistía con los criminales nazis o fascistas italianos. España, que ha sido quien ha intentado procesar a dictadores como Pinochet, que ha seguido causas contra criminales de América Latina, que propugna la localización de fosas comunes y la persecución de criminales en países de la antigua Yugoeslavia, o en países africanos por virtud de una Justicia Universal a la que hace pocos meses ha renunciado por una decisión parlamentaria y política del gobierno de Zapatero, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y quien lo intenta, es juzgado por ello.
El sumario 53/2008 que abrió el magistrado Garzón ante las denuncias de familiares de desaparecidos y organizaciones de recuperación de la memoria histórica en las que exponían de forma clara que se trató de una “sublevación militar” contra el Gobierno legítimo de la II República y que a continuación, desde el triunfo de los “rebeldes”, la ejecución de un plan previo de exterminio en todo el territorio nacional.
Dentro de la investigación que se ha ido realizando en nuestro país al respecto de las víctimas del franquismo, entre la documentación que los colectivos denunciantes aportaron al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se encontraban los listados que recogían los nombres y apellidos de todos esos hombres y mujeres, ilegalmente detenidos y asesinados, mediante ejecuciones extrajudiciales o después de consejos de guerra sumarísimos, y muchos de ellos hechos desaparecer sin dejar rastro de su paradero hasta el día de hoy. Estos listados recogían la escalofriante cifra de 152.237 personas.
En referencia a Cuenca, según el Censo de Víctimas del Franquismo, realizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca, a día de hoy han documentado 881 víctimas de la dictadura en nuestra provincia, un 22,71% más que las acaecidas entre 1936 y 1939, cuando Cuenca formaba parte de la retaguardia republicana. El estudio recalca, que los datos no son definitivos y hay que estimarlos a la baja.
Al margen de otras consideraciones sobre el trabajo del juez Baltasar Garzón, parece sorprendente que se le abra un expediente de suspensión en base a la admisión a trámite de una querella criminal interpuesta contra el mismo por su actuación judicial por intentar investigar los crímenes imprescriptibles del franquismo, cumpliendo los mandatos de Derecho Internacional y Derechos Humanos.
Estas actuaciones judiciales suponen un pulso inadmisible a la democracia y la justicia en nuestro país, las decisiones judiciales han de ser respetuosas con la ley vigente, en este caso la Ley de Memoria Histórica. No es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales nacionales e internacionales de derechos humanos se hayan escandalizado ante esta campaña y hayan mostrado su solidaridad.
Cualquier ciudadana y ciudadano que sepa el significado de las palabras Justicia, Democracia y Reparación entiende como un hecho de máxima gravedad política y judicial que se esté imputando a un juez por ejercer como tal en un asunto tan doloroso, vergonzoso y execrable como el franquismo en nuestro pasado más reciente. Más aún si son precisamente, seguidores de ese régimen dictatorial, antidemocrático y asesino quienes denuncian y se querellan contra el mencionado juez.
Por todo lo anterior se propone al pleno del ayuntamiento que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1º- Instar al Gobierno de España a abrir un debate para derogar la preconstitucional ley de amnistía de 1977, tal y como recomendó en el año 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
2º- Proceder a la inmediata retirada de los símbolos franquistas existentes en las calles y plazas de Cuenca, así como instar a otras instituciones a la retirada de los que se muestran en sus fachadas o zonas públicas, tal como establece la Ley 52/2007 de 26 de diciembre. Nos referimos a la retirada de lápidas conmemorativas referentes a la guerra civil y la dictadura, nombres de calles y placas con símbolos del régimen existentes en viviendas de protección oficial.
3º- Anular las distinciones e insignias concedidas a figuras del régimen dictatorial.
4º- Constituir a la mayor brevedad posible un comité que realice un catálogo exhaustivo de la simbología franquista en Cuenca, que esté constituido por el Concejal de Cultura, por técnicos de este Ayuntamiento pertenecientes al Archivo Municipal, por historiadores locales de reconocido prestigio y por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica legalmente constituida existente en nuestra provincia, así como cualquier colectivo o asociación de nuestra localidad que se sienta vinculada a la recuperación de la Memoria Histórica. En caso de ser necesario, recabar el apoyo, la colaboración técnica y la asesoría legal de la Diputación Provincial de Cuenca.
5º- Intervención pública e institucional en las labores de localización, exhumación, identificación y divulgación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo.
6º- Análisis de los archivos policiales y/o militares respecto a la guerrilla antifranquista, y reconocimiento del carácter militar de sus miembros, proporcionando los medios presupuestarios adecuados para que los supervivientes perciban las pensiones que les correspondan como tales.
7º- Instar al Gobierno de España a que se procure el reconocimiento y efectiva reparación a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos durante el franquismo.
8º- Hacer efectivo el reconocimiento y rehabilitación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Orden Público profesionales que se mantuvieron leales al Gobierno y a la República desde el 18 de julio de 1936, en el Municipio de Cuenca.
9º- Creación de directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimiento relacionados con al Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista. Como por ejemplo, el refugio situado debajo del Hospital de Santiago, como ya se mencionó, esta posibilidad, en una comisión de turismo.
10º- Instar al Gobierno de España a que haga cumplir la Ley de Memoria Histórica y a que facilite su modificación con el fin de evitar casos como el actual para que la democracia ciudadana gane y no lo que aún queda de la dictadura asesina franquista.
Es intolerable que España sea una excepción en el ámbito europeo donde no hubo perdón ni amnistía con los criminales nazis o fascistas italianos. España, que ha sido quien ha intentado procesar a dictadores como Pinochet, que ha seguido causas contra criminales de América Latina, que propugna la localización de fosas comunes y la persecución de criminales en países de la antigua Yugoeslavia, o en países africanos por virtud de una Justicia Universal a la que hace pocos meses ha renunciado por una decisión parlamentaria y política del gobierno de Zapatero, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y quien lo intenta, es juzgado por ello.
El sumario 53/2008 que abrió el magistrado Garzón ante las denuncias de familiares de desaparecidos y organizaciones de recuperación de la memoria histórica en las que exponían de forma clara que se trató de una “sublevación militar” contra el Gobierno legítimo de la II República y que a continuación, desde el triunfo de los “rebeldes”, la ejecución de un plan previo de exterminio en todo el territorio nacional.
Dentro de la investigación que se ha ido realizando en nuestro país al respecto de las víctimas del franquismo, entre la documentación que los colectivos denunciantes aportaron al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se encontraban los listados que recogían los nombres y apellidos de todos esos hombres y mujeres, ilegalmente detenidos y asesinados, mediante ejecuciones extrajudiciales o después de consejos de guerra sumarísimos, y muchos de ellos hechos desaparecer sin dejar rastro de su paradero hasta el día de hoy. Estos listados recogían la escalofriante cifra de 152.237 personas.
En referencia a Cuenca, según el Censo de Víctimas del Franquismo, realizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca, a día de hoy han documentado 881 víctimas de la dictadura en nuestra provincia, un 22,71% más que las acaecidas entre 1936 y 1939, cuando Cuenca formaba parte de la retaguardia republicana. El estudio recalca, que los datos no son definitivos y hay que estimarlos a la baja.
Al margen de otras consideraciones sobre el trabajo del juez Baltasar Garzón, parece sorprendente que se le abra un expediente de suspensión en base a la admisión a trámite de una querella criminal interpuesta contra el mismo por su actuación judicial por intentar investigar los crímenes imprescriptibles del franquismo, cumpliendo los mandatos de Derecho Internacional y Derechos Humanos.
Estas actuaciones judiciales suponen un pulso inadmisible a la democracia y la justicia en nuestro país, las decisiones judiciales han de ser respetuosas con la ley vigente, en este caso la Ley de Memoria Histórica. No es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales nacionales e internacionales de derechos humanos se hayan escandalizado ante esta campaña y hayan mostrado su solidaridad.
Cualquier ciudadana y ciudadano que sepa el significado de las palabras Justicia, Democracia y Reparación entiende como un hecho de máxima gravedad política y judicial que se esté imputando a un juez por ejercer como tal en un asunto tan doloroso, vergonzoso y execrable como el franquismo en nuestro pasado más reciente. Más aún si son precisamente, seguidores de ese régimen dictatorial, antidemocrático y asesino quienes denuncian y se querellan contra el mencionado juez.
Por todo lo anterior se propone al pleno del ayuntamiento que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1º- Instar al Gobierno de España a abrir un debate para derogar la preconstitucional ley de amnistía de 1977, tal y como recomendó en el año 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
2º- Proceder a la inmediata retirada de los símbolos franquistas existentes en las calles y plazas de Cuenca, así como instar a otras instituciones a la retirada de los que se muestran en sus fachadas o zonas públicas, tal como establece la Ley 52/2007 de 26 de diciembre. Nos referimos a la retirada de lápidas conmemorativas referentes a la guerra civil y la dictadura, nombres de calles y placas con símbolos del régimen existentes en viviendas de protección oficial.
3º- Anular las distinciones e insignias concedidas a figuras del régimen dictatorial.
4º- Constituir a la mayor brevedad posible un comité que realice un catálogo exhaustivo de la simbología franquista en Cuenca, que esté constituido por el Concejal de Cultura, por técnicos de este Ayuntamiento pertenecientes al Archivo Municipal, por historiadores locales de reconocido prestigio y por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica legalmente constituida existente en nuestra provincia, así como cualquier colectivo o asociación de nuestra localidad que se sienta vinculada a la recuperación de la Memoria Histórica. En caso de ser necesario, recabar el apoyo, la colaboración técnica y la asesoría legal de la Diputación Provincial de Cuenca.
5º- Intervención pública e institucional en las labores de localización, exhumación, identificación y divulgación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo.
6º- Análisis de los archivos policiales y/o militares respecto a la guerrilla antifranquista, y reconocimiento del carácter militar de sus miembros, proporcionando los medios presupuestarios adecuados para que los supervivientes perciban las pensiones que les correspondan como tales.
7º- Instar al Gobierno de España a que se procure el reconocimiento y efectiva reparación a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos durante el franquismo.
8º- Hacer efectivo el reconocimiento y rehabilitación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Orden Público profesionales que se mantuvieron leales al Gobierno y a la República desde el 18 de julio de 1936, en el Municipio de Cuenca.
9º- Creación de directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimiento relacionados con al Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista. Como por ejemplo, el refugio situado debajo del Hospital de Santiago, como ya se mencionó, esta posibilidad, en una comisión de turismo.
10º- Instar al Gobierno de España a que haga cumplir la Ley de Memoria Histórica y a que facilite su modificación con el fin de evitar casos como el actual para que la democracia ciudadana gane y no lo que aún queda de la dictadura asesina franquista.
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