Izquierda Unida ha intensificado esta semana la presentación de mociones en todos los ayuntamientos del Estado en los que tiene representación en relación a la situación en la que se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, pendiente de suspensión por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de ser juzgado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación del que le acusan distintos grupos de ultraderecha, avalados por el juez instructor Luciano Varela, por tratar de investigar los crímenes del franquismo.
Entre otras cuestiones, la moción tipo elaborada por la dirección federal de IU, a través del Área de Política Institucional cuya titular es Montserrat Muñoz, intenta que aquellas corporaciones donde se apruebe muestren su “solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido”.
Izquierda Unida considera ahora más que nunca “responder de una forma democrática y respetuosa con la independencia judicial a esa campaña iniciada por sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país. Estamos ante un hecho inadmisible que busca minar la independencia judicial y enviar un mensaje a toda la sociedad de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia”.
La dirección federal de IU, con su coordinador federal, Cayo Lara, a la cabeza valora que si se enjuicia a Garzón “se estará sentando en el banquillo también a la dignidad de una parte importante de la sociedad española, representada en este caso por las víctimas de la dictadura, sus familias y las asociaciones de defensa de la Memoria Histórica”.
Además, se considera que actuación emprendida contra el magistrado de la Audiencia Nacional para apartarle de la carrera judicial busca un doble objetivo derivado de sus actuaciones como instructor. “Es indignante que en lugar de que la Justicia contribuya al esclarecimiento de los delitos cometidos durante la dictadura franquista y se solucione desde el ámbito judicial el problema de las fosas comunes, tal y como marca la ley, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia. Se está amparando a quienes siempre han apoyado esos crímenes en lugar de a sus víctimas”.
Por otra parte, “con esta persecución judicial y política a Garzón, primer instructor de las investigaciones que dieron origen al llamado ‘caso Gürtel’ antes de pasar a otras instancias, se persigue limitar cualquier intento futuro para esclarecer en profundidad tramas de corrupción similares a esta que afecta a la estructura central del PP”.
Entre otras cuestiones, la moción tipo elaborada por la dirección federal de IU, a través del Área de Política Institucional cuya titular es Montserrat Muñoz, intenta que aquellas corporaciones donde se apruebe muestren su “solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido”.
Izquierda Unida considera ahora más que nunca “responder de una forma democrática y respetuosa con la independencia judicial a esa campaña iniciada por sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país. Estamos ante un hecho inadmisible que busca minar la independencia judicial y enviar un mensaje a toda la sociedad de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia”.
La dirección federal de IU, con su coordinador federal, Cayo Lara, a la cabeza valora que si se enjuicia a Garzón “se estará sentando en el banquillo también a la dignidad de una parte importante de la sociedad española, representada en este caso por las víctimas de la dictadura, sus familias y las asociaciones de defensa de la Memoria Histórica”.
Además, se considera que actuación emprendida contra el magistrado de la Audiencia Nacional para apartarle de la carrera judicial busca un doble objetivo derivado de sus actuaciones como instructor. “Es indignante que en lugar de que la Justicia contribuya al esclarecimiento de los delitos cometidos durante la dictadura franquista y se solucione desde el ámbito judicial el problema de las fosas comunes, tal y como marca la ley, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia. Se está amparando a quienes siempre han apoyado esos crímenes en lugar de a sus víctimas”.
Por otra parte, “con esta persecución judicial y política a Garzón, primer instructor de las investigaciones que dieron origen al llamado ‘caso Gürtel’ antes de pasar a otras instancias, se persigue limitar cualquier intento futuro para esclarecer en profundidad tramas de corrupción similares a esta que afecta a la estructura central del PP”.
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