El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado dos de las mociones presentadas por Izquierda Unida. La primera de ellas “8 DE MARZO DE 2010: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”, entre algunos de los acuerdos aprobados encontramos que el Plan Municipal de Igualdad del ayuntamiento saldrá como primer trabajo práctico de un Comité de Igualdad en un plazo no superior a tres meses, empezando a contar desde marzo de 2010. Este Plan tendrá carácter Transversal con dotación presupuestaria suficiente y un programa de evaluación anual de su ejecución y seguimiento realizado por miembros expertos en Igualdad que podrían proceder de la Universidad de Castilla La Mancha, de Servicios Social del Ayuntamiento o de otro colectivo competente que será elegido entre los miembros del Comité de Igualdad.
La segunda de las mociones "PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES", después de ser debatida ampliamente fue aprobada por unanimidad "IU ha conseguido que la Institución se pronuncie a favor de que el Sistema Público de Pensiones siga garantizando los derechos actuales de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años para la jubilación con plenos derechos, se mantenga el período de cómputo para el cálculo de la pensión en 15 años y se asegure la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y en mayor medida para las pensiones más bajas", ha informado la Concejala de IU, Ana Cruz MUñoz, "y se ha pedido que el Pleno inste al Gobierno Central a retirar las propuestas presentadas a la Comisión del Pacto de Toledo sobre reforma de las pensiones públicas".
Una vez más, desde IU queremos denunciar que los que aplauden esta decisión del PSOE son la Banca y la CEOE, que se empiezan a frotar las manos con los Fondos de Pensiones Privados que tendrán que hacer los trabajadores. Y una vez más, también, los que lo combaten son los más perjudicados que, como siempre, son los trabajadores, que ven recortados sus derechos. Y eso no se puede consentir.
La prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el posible aumento del período de cómputo de 15 a 25 años significarían una disminución real de 4 puntos de PIB en el momento de plena aplicación del sistema, según los datos del Gobierno recogidos en su Plan de Austeridad 2009-2013. Es decir, se pretenden sustraer unos 80.000 millones de euros del importe que les corresponderá a los trabajadores de su pensión de jubilación. Las propuestas relativas a la modificación de las pensiones de viudedad suponen además un recorte complementario.
"Según datos de la Seguridad Social a fines de diciembre de 2009 existían 5.087.586 pensiones de jubilación con una jubilación media de 861,49 euros (de ellas, el 54,9% son inferiores a 600 euros) y otras 2.281.270 pensiones de viudedad con una pensión media de 556,28 euros. Como puede apreciarse, la pensión media sigue siendo notablemente baja en nuestro país y es muy inferior a la media de la Unión Europea. El gasto medio por habitante en pensiones es en la UE-15 de 2.962,20 euros, mientras en España es de 1.684,40 euros", ha recordado Ana Cruz, "esto significa una injusta pérdida para el conjunto de los trabajadores y por tanto también para nuestros vecinos, ya que nos hace retroceder en nuestra cobertura de protección social y por tanto debilita el sistema de bienestar social".
"Pero además de injusta, esta pérdida es innecesaria. Innecesaria porque el Sistema Público de Pensiones no está amenazado y goza de una excelente salud. Incluso en plena crisis, durante 2009 ha tenido un superávit de 8.500 millones de euros y se ha aumentado el Fondo de Reserva. Innecesaria porque los elementos utilizados para alarmar a los ciudadanos y justificar así la reforma, no son rigurosos. En primer lugar, el aumento de la esperanza de vida no puede ser confundido con la longevidad de la población. Tiene mucho más que ver con el descenso de la mortalidad infantil y las mejoras en la salud general de la población. Del aumento de la longevidad de la población no se deducen obligaciones alarmantes para el sistema. Que la esperanza de vida aumente 4 años no significa, ni mucho menos, que todas las personas vivan 4 años más", ha matizado el también la Concejala de IU.
En segundo lugar, se utiliza el dato alarmista de que el incremento del gasto en pensiones será excesivo con relación al PIB en el futuro. Este es un argumento engañoso y falto de rigor. El gasto en pensiones representaba en 2007 el 8,7% del PIB y podemos admitir que pueda representar el 15,1% del PIB en 2060. Esto puede parecer alarmante, pero no lo es. Aún con un criterio moderado, es previsible un crecimiento medio anual del PIB hasta el 2060 del 1,5 anual, cifra que el Banco de España considera razonable. Esto significará que en 2060 el PIB será 2,23 veces superior en términos reales al de 2007. Es decir, que si en 2007 fue de 1 billón de euros, en 2060 será de 2,23 billones de euros. De esta forma, si en 2007 quedaban 913.000 millones para otros factores diferentes de las pensiones, en 2060 quedarán más de 1 billón 864.000 millones para otros factores, es decir el doble de recursos en términos reales.
Y en tercer lugar, las previsiones demográficas son difíciles de hacer y en no pocas ocasiones también interesadas y engañosas. Lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso español, no es el número de jóvenes y adultos por persona jubilada, sino el número de cotizantes y la cantidad de la cotización en relación al número de beneficiarios de pensiones. Pues bien, el número de cotizantes y la cantidad de las cotizaciones siguen aumentando y lo seguirán haciendo en el futuro. Por tanto, insistimos en que las propuestas del Gobierno son injustas e innecesarias. Todo lo anteriormente expuesto no significa que no haya que hacer mejoras en el Sistema Público de Pensiones, pero son mejoras que deben ir en el sentido contrario de las propuestas del Gobierno, ha finalizado la Concejala de IU, Ana Cruz Muñoz.
La segunda de las mociones "PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES", después de ser debatida ampliamente fue aprobada por unanimidad "IU ha conseguido que la Institución se pronuncie a favor de que el Sistema Público de Pensiones siga garantizando los derechos actuales de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años para la jubilación con plenos derechos, se mantenga el período de cómputo para el cálculo de la pensión en 15 años y se asegure la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y en mayor medida para las pensiones más bajas", ha informado la Concejala de IU, Ana Cruz MUñoz, "y se ha pedido que el Pleno inste al Gobierno Central a retirar las propuestas presentadas a la Comisión del Pacto de Toledo sobre reforma de las pensiones públicas".
Una vez más, desde IU queremos denunciar que los que aplauden esta decisión del PSOE son la Banca y la CEOE, que se empiezan a frotar las manos con los Fondos de Pensiones Privados que tendrán que hacer los trabajadores. Y una vez más, también, los que lo combaten son los más perjudicados que, como siempre, son los trabajadores, que ven recortados sus derechos. Y eso no se puede consentir.
La prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el posible aumento del período de cómputo de 15 a 25 años significarían una disminución real de 4 puntos de PIB en el momento de plena aplicación del sistema, según los datos del Gobierno recogidos en su Plan de Austeridad 2009-2013. Es decir, se pretenden sustraer unos 80.000 millones de euros del importe que les corresponderá a los trabajadores de su pensión de jubilación. Las propuestas relativas a la modificación de las pensiones de viudedad suponen además un recorte complementario.
"Según datos de la Seguridad Social a fines de diciembre de 2009 existían 5.087.586 pensiones de jubilación con una jubilación media de 861,49 euros (de ellas, el 54,9% son inferiores a 600 euros) y otras 2.281.270 pensiones de viudedad con una pensión media de 556,28 euros. Como puede apreciarse, la pensión media sigue siendo notablemente baja en nuestro país y es muy inferior a la media de la Unión Europea. El gasto medio por habitante en pensiones es en la UE-15 de 2.962,20 euros, mientras en España es de 1.684,40 euros", ha recordado Ana Cruz, "esto significa una injusta pérdida para el conjunto de los trabajadores y por tanto también para nuestros vecinos, ya que nos hace retroceder en nuestra cobertura de protección social y por tanto debilita el sistema de bienestar social".
"Pero además de injusta, esta pérdida es innecesaria. Innecesaria porque el Sistema Público de Pensiones no está amenazado y goza de una excelente salud. Incluso en plena crisis, durante 2009 ha tenido un superávit de 8.500 millones de euros y se ha aumentado el Fondo de Reserva. Innecesaria porque los elementos utilizados para alarmar a los ciudadanos y justificar así la reforma, no son rigurosos. En primer lugar, el aumento de la esperanza de vida no puede ser confundido con la longevidad de la población. Tiene mucho más que ver con el descenso de la mortalidad infantil y las mejoras en la salud general de la población. Del aumento de la longevidad de la población no se deducen obligaciones alarmantes para el sistema. Que la esperanza de vida aumente 4 años no significa, ni mucho menos, que todas las personas vivan 4 años más", ha matizado el también la Concejala de IU.
En segundo lugar, se utiliza el dato alarmista de que el incremento del gasto en pensiones será excesivo con relación al PIB en el futuro. Este es un argumento engañoso y falto de rigor. El gasto en pensiones representaba en 2007 el 8,7% del PIB y podemos admitir que pueda representar el 15,1% del PIB en 2060. Esto puede parecer alarmante, pero no lo es. Aún con un criterio moderado, es previsible un crecimiento medio anual del PIB hasta el 2060 del 1,5 anual, cifra que el Banco de España considera razonable. Esto significará que en 2060 el PIB será 2,23 veces superior en términos reales al de 2007. Es decir, que si en 2007 fue de 1 billón de euros, en 2060 será de 2,23 billones de euros. De esta forma, si en 2007 quedaban 913.000 millones para otros factores diferentes de las pensiones, en 2060 quedarán más de 1 billón 864.000 millones para otros factores, es decir el doble de recursos en términos reales.
Y en tercer lugar, las previsiones demográficas son difíciles de hacer y en no pocas ocasiones también interesadas y engañosas. Lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso español, no es el número de jóvenes y adultos por persona jubilada, sino el número de cotizantes y la cantidad de la cotización en relación al número de beneficiarios de pensiones. Pues bien, el número de cotizantes y la cantidad de las cotizaciones siguen aumentando y lo seguirán haciendo en el futuro. Por tanto, insistimos en que las propuestas del Gobierno son injustas e innecesarias. Todo lo anteriormente expuesto no significa que no haya que hacer mejoras en el Sistema Público de Pensiones, pero son mejoras que deben ir en el sentido contrario de las propuestas del Gobierno, ha finalizado la Concejala de IU, Ana Cruz Muñoz.
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