RESOLUCIÓN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
Al final de la pasada legislatura fue aprobada, con el voto favorable del grupo parlamentario federal de IU, la ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica. En su art. l5se establece literalmente que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”
Asimismo, esta misma Ley establece en su articulado la obligación de las Administraciones Públicas de facilitar los medios y la información para localizar e identificar a las víctimas desaparecidas o asesinadas y enterradas en fosas dentro de los cementerios, o en las cunetas, o en terrenos públicos o privados.
Algunos Ayuntamientos están adoptando acuerdos para hacer efectivo este artículo. El ejemplo más cercano y pionero en nuestra región es el de Albacete capital, donde IU ha conseguido que se aprobase una moción por la que se retira la medalla de oro al dictador Francisco Franco y donde se han iniciado las gestiones para cumplir la resolución encaminada a elaborar una relación de víctimas, así como su localización, además de facilitar medios y ponerlos a disposición de los familiares para su identificación y posible exhumación.
Diez meses después de su aprobación todavía no se han aprobado los reglamentos y disposiciones necesarias para su desarrollo y cumplimiento de lo establecido en ella, afectando a cuestiones como el mapa de fosas, los protocolos científicos para las identificaciones o los procedimientos de autorización de las exhumaciones, por ejemplo.
El pasado mes de septiembre el juez Garzón, desde la Audiencia Nacional, abrió diligencias para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y solicitó a diferentes administraciones y entidades públicas y privadas relación de desaparecidos y víctimas de la represión franquista. Hasta ahora son 114.266 (7.067 de Castilla La Mancha) el total de personas incluidas en el auto por el que se declara competente para continuar con su investigación gracias a la información entregada al juez por diferentes organizaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica en nuestro país.
Algunas comunidades autónomas ya han adoptado acuerdos previos a estas decisiones judiciales y legales y, por ejemplo, Cataluña cuenta con una Ley de Fosas, o la Junta de Extremadura, que utiliza un método pionero en España para a prospección de fosas, o en Andalucía, donde se ha elaborado un mapa de fosas, con la localización de los enterramientos de 40.000 víctimas, además de financiar monumentos conmemorativos e indemnizar a miles de ellas o la colaboración que desde el gobierno vasco se va a poner en marcha para facilitar a los familiares de víctimas del franquismo todos los datos e información de que dispone gracias a los trabajos desarrollados en diferentes archivos y registros. En Castilla a Mancha nada se ha hecho en este sentido.
Por todo ello, la Asamblea Provincial de I U de Cuenca solicita y demanda:
1) La retirada de las distinciones y honores concedidos tras la guerra civil al dictador Francisco Franco por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.
2) A los Ayuntamientos de la provincia, así como a instituciones públicas y privadas, como por ejemplo la diócesis del Obispado católico, a que cumplan lo establecido en el art. 15 de la Ley 52/2007.
3) La colaboración económica, técnica y de recursos humanos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con las víctimas de la represión franquista y con las organizaciones de recuperación de memoria histórica para la investigación, localización y recuperación de restos humanos de las mujeres y hombres castellano-manchegos represaliados por el ejército sublevado y por el sanguinario régimen franquista.
Al final de la pasada legislatura fue aprobada, con el voto favorable del grupo parlamentario federal de IU, la ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica. En su art. l5se establece literalmente que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”
Asimismo, esta misma Ley establece en su articulado la obligación de las Administraciones Públicas de facilitar los medios y la información para localizar e identificar a las víctimas desaparecidas o asesinadas y enterradas en fosas dentro de los cementerios, o en las cunetas, o en terrenos públicos o privados.
Algunos Ayuntamientos están adoptando acuerdos para hacer efectivo este artículo. El ejemplo más cercano y pionero en nuestra región es el de Albacete capital, donde IU ha conseguido que se aprobase una moción por la que se retira la medalla de oro al dictador Francisco Franco y donde se han iniciado las gestiones para cumplir la resolución encaminada a elaborar una relación de víctimas, así como su localización, además de facilitar medios y ponerlos a disposición de los familiares para su identificación y posible exhumación.
Diez meses después de su aprobación todavía no se han aprobado los reglamentos y disposiciones necesarias para su desarrollo y cumplimiento de lo establecido en ella, afectando a cuestiones como el mapa de fosas, los protocolos científicos para las identificaciones o los procedimientos de autorización de las exhumaciones, por ejemplo.
El pasado mes de septiembre el juez Garzón, desde la Audiencia Nacional, abrió diligencias para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y solicitó a diferentes administraciones y entidades públicas y privadas relación de desaparecidos y víctimas de la represión franquista. Hasta ahora son 114.266 (7.067 de Castilla La Mancha) el total de personas incluidas en el auto por el que se declara competente para continuar con su investigación gracias a la información entregada al juez por diferentes organizaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica en nuestro país.
Algunas comunidades autónomas ya han adoptado acuerdos previos a estas decisiones judiciales y legales y, por ejemplo, Cataluña cuenta con una Ley de Fosas, o la Junta de Extremadura, que utiliza un método pionero en España para a prospección de fosas, o en Andalucía, donde se ha elaborado un mapa de fosas, con la localización de los enterramientos de 40.000 víctimas, además de financiar monumentos conmemorativos e indemnizar a miles de ellas o la colaboración que desde el gobierno vasco se va a poner en marcha para facilitar a los familiares de víctimas del franquismo todos los datos e información de que dispone gracias a los trabajos desarrollados en diferentes archivos y registros. En Castilla a Mancha nada se ha hecho en este sentido.
Por todo ello, la Asamblea Provincial de I U de Cuenca solicita y demanda:
1) La retirada de las distinciones y honores concedidos tras la guerra civil al dictador Francisco Franco por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.
2) A los Ayuntamientos de la provincia, así como a instituciones públicas y privadas, como por ejemplo la diócesis del Obispado católico, a que cumplan lo establecido en el art. 15 de la Ley 52/2007.
3) La colaboración económica, técnica y de recursos humanos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con las víctimas de la represión franquista y con las organizaciones de recuperación de memoria histórica para la investigación, localización y recuperación de restos humanos de las mujeres y hombres castellano-manchegos represaliados por el ejército sublevado y por el sanguinario régimen franquista.
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