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“Es una necesidad democrática que
recuperemos la memoria, porque la democracia no será plena en nuestro país
hasta que no se reconozca el pasado de nuestra historia”
“Debemos tender hacia un Estado
refundado democráticamente, digno socialmente, justo e igualitario, en el que
las instituciones sirvan al pueblo: III República”.
Los derechos sociales y económicos, y los servicios públicos, como
el trabajo, la protección social, la planificación de la economía, la educación
pública, la sanidad pública, el acceso a una vivienda digna… no solo no se han
cumplido ni se ha garantizado, sino que se han deteriorado, recortado, y
privatizado, a través de las políticas neoliberales que se han aplicado y se están
aplicando en estos largos años.
La especulación ha hecho saltar por los aires el mandato
constitucional de los poderes públicos por luchar contra ella. Se han
destrozado el litoral y las costas, paisajes, identidades y sentimientos, con
un urbanismo criminal a lo largo y ancho de España. La agresión al
medioambiente y los recursos naturales se ha ensañado y se está imponiendo con
un modelo de ocupación del territorio radicalmente confrontado con el modelo de
desarrollo que los poderes del Estado deben salvaguardar según la Carta Magna.
Asistimos a la voladura del pluralismo político con la ayuda de
una ley electoral fraudulenta y canalla que legaliza la desigualdad más
absoluta de los votos y traslada el bipartidismo a todos los poderes que emanan
de la constitución de 1978.
La administración de justicia está marcada por la lentitud y las
alarmas sociales. El aparato judicial se heredó completo del viejo régimen y se
reproducen en muchísimos casos valores ideológicos reaccionarios. Se mantiene
un sistema penal con cerca de 70.000 personas presas, cifra histórica, pero que
es incapaz de atajar la corrupción.
El retroceso en la confesionalidad del Estado, asignando a la
iglesia católica miles de millones de euros al año y entregando a su moral
campos como los de sanidad y la educación, así como validando el concordato
pre-constitucional en vigor.
Un modelo de Estado monárquico, con una casa real opaca, blindada
a la responsabilidad legal, y una ley de memoria histórica insuficiente.
El próximo día 24 tenemos la ocasión de hacer algo para modificar
estas cosas.
ANA MARIA SANCHEZ DOMINGO
COORDINADORA PROVINCIAL DE IU-CUENCA
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