La Asamblea Local de Izquierda Unida de Cuenca,
ante las declaraciones efectuadas en los medios de comunicación por el Alcalde
de Cuenca en relación a los trabajadores despedidos del Mesón Casas Colgadas
quiere hacer la siguiente manifestación:
Hace más de un año que se cerró el Mesón de las
Casas Colgadas de Cuenca.
Hace más de un año siete trabajadores se vieron en
la calle privados de su trabajo y de su
salario.
Hace más de un año estos trabajadores emprendieron
una lucha y se movilizaron ante la injusticia que se estaba cometiendo.
Hace más de un año emprendieron acciones judiciales
que todavía no han concluido, pero ellos continúan sin su trabajo, continúan
sin haber percibido los salarios que les adeudaban y continúan sin haber
recibido la indemnización que les correspondía.
Y ahora después de un año el Sr. Alcalde, con una
frivolidad impropia del puesto que ocupa, sale a los medios de comunicación
para falsear los datos y para convencer
a los ciudadanos, hartos ya de tanta hipocresía, que la subrogación de los
trabajadores no se podía incluir en el pliego de condiciones por el que se
sacaba a concurso el Mesón Casas
Colgadas y, para dar más consistencia a este falaz argumento, lo sustenta en las recomendaciones que dice
le han dado los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Eso sí, no explica en qué
consistían esos impedimentos legales.
Cuando afirma esto ¿A quién quiere engañar el Sr.
Ávila?, los ciudadanos saben, o deben
saber, que no existe ni una sola
norma jurídica que prohíba la inclusión
de la subrogación de los trabajadores en un pliego de condiciones que
necesariamente tiene que elaborar el Ayuntamiento, que es una institución
pública aunque parece que el Sr. Alcalde lo olvida.
Pero es más el artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores establece esta figura jurídica para asegurar la permanencia de los
trabajadores en la sucesión de empresas. Igualmente lo hace el convenio
nacional de Hostelería.
La decisión adoptada por el Sr. Alcalde fue una
decisión política, donde apostó de forma voluntaria y consciente porque el Mesón Casas Colgadas quedara en
manos de un empresario en concreto y para tal fin se conformó un pliego de
condiciones, hecho a imagen y semejanza de los intereses de este empresario y
en detrimento de los trabajadores muchos de ellos con una antigüedad de más de
25 años trabajando en este emblemático lugar.
Al cabo de un año nos informa el Alcalde, con una
desvergüenza absoluta, de que ese
proyecto se ha venido abajo, que parece ser que el empresario renuncia al
contrato que ya había firmado. Llega a asegurar que lo sabe porque le ha
llegado la noticia de de manera informal: pero debe ser cierta, porque a
renglón seguido afirma que se están poniendo inmediatamente al habla con la Fundación March
para ampliar el Museo de Arte Abstracto.
El Sr. Ávila disculpa al empresario y ha declarado
que no entra dentro de sus decisiones la
de solicitar una indemnización por incumplimiento de contrato y asegura que
pagando la renta que adeuda el adjudicatario es suficiente.
Recordar al Sr. Alcalde que no está negociando un
asunto privado y que queda fuera de sus facultades el “perdonar” o condonar una
deuda contraída por un tercero con el
Ayuntamiento y ello no supone
“castigar”, tener una “actitud revanchista” “ni sádica”, como asegura el
Sr. Alcalde sino cumplir estrictamente la Ley.
La estipulación cuarta del pliego de condiciones, y
por ende del contrato cuando se refiere al precio del Mesón Casas Colgadas,
dice literalmente:
“El valor del canon anual que el arrendatario deberá satisfacer al
Ayuntamiento, equivale al 6% del valor del inmueble, lo que supone conforme al
informe técnico de 21 de Mayo de 2013 emitido por la Arquitecto Jefe de Sección
de Proyectos y Obras, 38.277 euros al año.
Al resultar necesaria la ejecución de las obras descritas en el presente
pliego, el pago se realizará de la siguiente manera:
1.-
Mediante una prestación de hacer consistente en la presentación de proyecto
técnico y ejecución de las obras descritas en el anexo III del presente pliego,
cuya valoración completa cifra la arquitecta municipal en informe de 13 de Mayo
de 2013 en 293.496, 40 euros.
2.- Pago mensual de 744
euros en metálico, más el I.V.A. correspondiente, que se abonará mediante
liquidación emitida por el Servicio de Gestión de Tributos.”
Y la
estipulación 10.2 establece que las obras forman parte de las obligaciones
del contrato.
Es decir
Sr. Ávila: el empresario-adjudicatario del Mesón Casas Colgadas no solamente debe abonar la renta mensual,
que por otra parte ya debería haberla
abonado pues ha transcurrido un año sin el pago, sino que además deberá abonar
el coste de las obras no realizadas.
En este
sentido se pronuncia la cláusula 19ª cuando estipula que cuando existe una
resolución del contrato sobrevenida antes de transcurridos cinco años el
arrendatario que no hubiera ejecutado las obras deberá abonar el importe de las
mismas.
Pero
además el adjudicatario debió entregar al Ayuntamiento en el plazo de 10 días desde la firma del mismo la
cantidad o aval de 19.138,17 euros, estipulación 12ª relativo a las garantías.
En
consecuencia con todo lo dicho, Sr. Alcalde, cumpla con lo estipulado o estará
vulnerando la ley de forma flagrante.
La
comprensión que tiene ante este incumplimiento del empresario, no la tuvo
cuando los trabajadores fueron despedidos. Aquello fue una decisión política,
la actual también.
Desde Izquierda Unida exigimos que el Ayuntamiento
ejerza cuantas acciones judiciales sean necesarias para pedir la responsabilidad civil a este empresario
por los daños y perjuicios causados y no se devuelva la garantía que debió
depositar en el Ayuntamiento tras la firma del contrato; en definitiva que se
defiendan los intereses de los ciudadanos de Cuenca y que en este nuevo
proyecto, que se dice se está negociando, se tenga en cuenta a los trabajadores
que fueron despedidos con propuestas concretas de nueva contratación.
Porque la decisión política que adoptó
hace más de un año, en el mejor de los casos, se puede calificar como errónea,
y ni los trabajadores ni los ciudadanos tienen que pagar por ella.
Si no se adoptan estas medidas la responsabilidad
política debería obligar al Sr. Ávila a
dimitir porque es evidente que el incumplimiento que ha anunciado públicamente,
llevará consigo la vulneración de la ley y no cabe duda que se verá abocado a un procedimiento penal.
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