Izquierda Unida, a través del Diputado Joan Coscubiela, ha
defendido el pasado día 16 en el Congreso una Proposición para la creación del
derecho a una Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía como solución al verdadero
drama social que vive nuestra sociedad: el alarmante incremento del número de
personas en situación de desempleo que no recibe ningún tipo de rentas, ni
salariales, ni sociales.
En estos momentos, según manifestaciones de la dirección
provincial de IU de Cuenca, “hay en España 3,5 millones de personas
desempleadas de larga duración, de las cuales el 74% no tienen ningún tipo de cobertura;
esto supone que cerca de 770.000 familias viven en hogares donde no entra
ningún tipo de ingreso”. Esta situación afecta especialmente a las mujeres que
siendo el 46% de la población activa, suponen el 53% de las personas
desempleadas. Además, la tasa de cobertura de las prestaciones del desempleo
calculada sobre las personas demandantes de empleo sigue descendiendo
situándose en el 57,7%. Según datos armonizados de Eurostat la pobreza en
España asciende al 28% del conjunto de la población
Según ha planteado Coscubiela, el coste de esa Renta Mínima
no solo es asumible por los Presupuestos Generales del Estado, sino que es la
inversión más justa y más eficiente económicamente que puede hacer el Estado en
estos momentos. Ha añadido también que “una sociedad en la que la solidaridad
de las políticas públicas es sustituida por la de la caridad no hace sino
deteriorar las relaciones sociales y sobre todo someter a las personas
necesitadas a una sumisión económica y moral que es impropia de la civilización”.
Finalmente, desde IU de Cuenca y en palabras de su
Coordinadora Provincial Ana María Sánchez esta proposición está en línea con lo
planteado por la Comisión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020,
con el objetivo de reducir el número de personas en situación de pobreza y
exclusión social, para lo cual insta a los Estados miembros a trabajar para
mejorar el acceso al trabajo, a la seguridad social y a los servicios sociales
básicos; ha recordado también que “la necesidad de una renta mínima garantizada
de ciudadanía ha sido planteada igualmente por entidades sociales,
organizaciones sindicales, el Consejo Económico Social Europeo y cuenta con el
aval de la Declaración aprobada por los Defensores del Pueblo español y
autonómicos en las Jornadas celebradas en Vitoria”
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