El Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local pretende ajustarse a los principios de austeridad y
recortes presupuestarios. Estos principios fueron consagrados por la Ley
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española, un
artículo modificado a espaldas de la ciudadanía y priorizando el pago de la
deuda a cualquier otro gasto y poniendo, en definitiva, el Gobierno al servicio
de los mercados.
Así se
pretende dar soluciones de claro corte neoliberal, y se vuelve a utilizar la
crisis como excusa para imponer una Ley injusta que va contra la mayoría de la
ciudadanía. La degradación de los servicios públicos está afectando a la vida
de las personas, pero también afecta al funcionamiento de la economía, cada vez
más deprimida y que afecta a las cuentas públicas por la reducción de ingresos. Con este proyecto de Ley, las alternativas para la
mayoría de los Ayuntamientos serán las de suprimir servicios públicos o
privatizarlos.
La democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todos
y todas, está en peligro por esta reforma de la Administración Local con la que
el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los
servicios básicos que aún quedan en manos públicas.
Con esta Ley, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de
los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un ‘coste
estándar’ fijado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que
estará por debajo del coste real de los servicios. Esta reducción tendrá
consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la
pérdida de empleo municipal. En el caso de los pueblos de menos de 5.000
habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la
práctica su entidad como municipio.
Con este proyecto el PP mutila la participación y la capacidad de
decisión sobre las políticas de proximidad que se desarrollan en los
Ayuntamientos.
Pero con la misma contundencia tenemos que denunciar el doble
lenguaje que desde el Partido Socialista se realiza, y como ejemplo el caso del
Ayuntamiento de Cuenca, que se ha acogido al RDL 8/2013 de apoyo a entidades locales con problemas financieros: las medidas que
figuran en el título II, y que exigen las condiciones de aplicación
adelantada de la reforma local, son de carácter VOLUNTARIO, no estando
obligados los Ayuntamientos a pedirlas, por lo tanto el Ayuntamiento de esta
capital solicita voluntariamente que le se aplique lo que ahora denuncian,
y que tendrá gravísimas consecuencias económicas para el futuro económico
municipal.
Por
todo ello, hacemos un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades para
que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus
gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y
los derechos de los pueblos.
Exigimos al Gobierno que retire de manera inmediata El proyecto de ley que se está tramitando
y que previsiblemente se aprobará antes de finalizar el año en el Congreso de
Diputados.
IZQUIERDA UNIDA DE CUENCA
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