Si tuviera dinero y fuera
empresario construiría colegios e institutos privados y universidades privadas.
Tendría todas las facilidades legales y fiscales que necesitara. Las políticas
educativas y económicas que se están haciendo en España de un tiempo a esta
parte facilitan este negocio redondo. A menos que deje de haber niñas y niños
en unas décadas.
Todas las medidas de ajustes o
recortes van encaminadas a que desaparezcan colegios rurales, maestros y
profesores, institutos y universidades. No solo se pierden 9 millones en
inversiones educativas en nuestra región sino que se reduce el presupuesto que
había en un 22%.
Este curso comenzó mal para las
familias, alumnado y profesorado de educación secundaria, se eliminó un 10% de
la plantilla de los centros públicos, pero el próximo será nefasto también para
infantil, primaria, adultos y universidad.
PSOE y PP reformaron la
Constitución española en septiembre de 2011, por su cuenta y riesgo, sin contar
con nadie, ni referéndum ni consenso, a su manera, como han hecho y siguen
haciendo con tantas otras políticas. Concretamente reformaron el artículo 135
haciéndolo mucho más extenso para incluir que “el Estado y las Comunidades
Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes
establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. (…)
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en
relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de
referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
Por hacer esto fueron felicitados efusivamente por el BCE, FMI, UE, Alemania y
Francia. A partir de ese momento, aunque hubo elecciones generales dos meses
después, ganó con mayoría absoluta uno de los dos partidos y aplica,
religiosamente, tal artículo.
La Constitución Española tiene
169 artículos, referidos a la vivienda, la sanidad, el trabajo, por supuesto a
la educación y a vivir con dignidad todos y cada uno de los españoles y
españolas. Sin embargo el único artículo que importa al gobierno de turno es el
135, eso sí, una vez modificado, antes tampoco les importaba.
La educación pública, como el
resto de servicios públicos, debe atenerse a ese artículo 135, es decir,
preguntar a Europa cuánto debe destinar España, con los impuestos de todos, a
la educación pública para que haya dinero para los bancos, para el ATC y el AVE
que son los asuntos a los que el Presupuesto General del Estado dedica dinero
en nuestra provincia.
En Cuenca no habrá oposiciones a
infantil, primaria, secundaria ni universidad. En Cuenca subirán las tasas para
estudiar una carrera y desparecerán titulaciones. En Cuenca se eliminarán los
apoyos a la educación infantil, la escuela de adultos, buena parte de las
escuelas rurales, el transporte escolar en infantil y bachillerato, las becas a
las rentas, los complementos a los trabajadores, las inversiones en I+D+i, pero
subirá el número de alumnos por aula y profesor, el IRPF de las nóminas, el
horario del profesorado o las notas en las becas.
Mientras haya niñas y niños
tendrá que haber colegios, institutos y universidades, pero ahora ya no está
garantizado que sean públicos ni de calidad. Todo lo contrario, se destinan
millones de euros para la educación concertada y privada, además facilidades
para que siendo mala la pública quien quiera una educación mínimamente normal
tenga que pagarla.
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