MOCIÓN PARA REABRIR EL DEBATE DEL ESTATUTO DE CASTILLA-LA MANCHA A TODOS LOS AGENTES SOCIALIZADORES DE LA REGIÓN
El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica española de una Comunidad Autónoma, reconocida por la Constitución española de 1978 en su artículo 147 y cuya aprobación se lleva a cabo mediante Ley Orgánica, tipo de norma que requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. En él se recogen, al menos, la denominación de la Comunidad, la delimitación territorial, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas, las competencias asumidas y, si procede, los principios del régimen lingüístico.
El Estatuto inicial de Castilla-La Mancha de 1982, ha sido reformado en tres ocasiones: en 1991, 1994 y 1997 para aumentar las competencias autonómicas y las atribuciones del Presidente de la Junta y comprende 54 artículos, organizados en 6 títulos, además de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y final.
El 29 de enero de 2007, el Pleno de las Cortes regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El texto está compuesto por 170 artículos con los que la Comunidad Autónoma expresa sus aspiraciones de autogobierno y que incluye un nuevo modelo de financiación y la caducidad, en 2015, del trasvase Tajo-Segura.
El 14 de octubre del año 2008, el Congreso de los Diputados aprobó su toma en consideración con una defensa entusiasta del Presidente de la Región, lo que supuso su revisión mediante la presentación de enmiendas por los grupos políticos, sobre todo en el apartado de la política hidráulica.
El Estatuto ha sido presentado por el Gobierno Regional como un gran avance político y social con una participación ciudadana importante y apoyado por todos los ciudadanos castellano manchegos. Lo cierto es que el secretismo y la falta de información han sido lo que ha primado durante su elaboración y redacción, que comenzó en 2005. ¿Alguien en la calle escuchó algo del Estatuto antes de 2007?
Mas de un año después, hasta que PSOE y PP no acercaron sus posiciones y consiguieron incluir todos sus intereses en el articulado, no se dio a conocer el texto, ni se abrió la participación, que además ha sido escasa y excluyente, aunque se ha repetido sin pausa que “han participado todos los agentes sociales” por parte del gobierno regional del PSOE y el PP.
Agentes Sociales como; asociaciones, colectivos, organizaciones sin animo de lucro, ONG´s, federaciones de Madres y Padres, Vecinales, Mancomunidades y Ayuntamientos, etc, tuvieron una participación prácticamente residual, pues el acuerdo inicial PP / PSOE para el primer texto dejaba escasas opciones para la modificación ya que amenazaba con romper el consenso. Casi 40.000 castellano manchegos no estamos representados en las Cortes Regionales de Castilla- La Mancha a causa de una Ley Electoral injusta y antidemocrática, no se nos permitió participar de ese texto inicial, aunque se realizaron peticiones formales para ello. Diversas organizaciones sociales, incluido el PP, pidieron que Izquierda Unida pudiera exponer sus propuestas, el Gobierno Regional del PSOE se negó. Antes habíamos propuesto un Foro Cívico de Participación Estatutaria para que la sociedad organizada pudiera dar su opinión, pero también fue rechazada la propuesta.
El resultado de ese proceso daba como fruto un Estatuto que podría calificarse de “conservador” como lo han sido históricamente la reivindicaciones autonomistas de Castilla-La Mancha, sobre todo por la exclusiva negociación con la derecha y por su carácter poco progresista.
Los principales espacios que cubría la reforma se centraban en:
-Asunción de Competencias en Materia de Hacienda y Recaudación, con la creación de una Agencia Tributaria propia así como mejora del los servicios de Educación o Sanidad (sólo cita aumento del presupuesto).
-Asunción de Competencias en Materia Judicial (cuando haya dinero del Estado), y la creación de un Consejo Regional de Justicia.
-Inserción con carácter de Ley del Reparto del presupuesto General del Estado, las atribuciones económicas centrales a la región y la inversión por parte de Gobierno Central para reducir las desigualdades de Castilla-La Mancha frente al resto de Autonomías.
El 8 de abril fue la primera vez en que Izquierda Unida puedo hacer aportaciones y entrar en el fondo de la negociación del nuevo Estatuto para Castilla-La Mancha. Es detalle de distinción entre el PSOE nacional y el PSOE Regional que nos excluyó de forma premeditada de la consulta parcial realizada a algunas asociaciones y personas individuales de la región. En su momento IU presentó 54 enmiendas al texto acordado por el PP y el PSOE, enmiendas que intentan mejorar el texto, hacerlo más cercano a los ciudadanos y establecer las bases para superar desigualdades e hipotecas históricas para Castilla-La Mancha. De las 54 se aceptaban solo 9 y estaban dispuestos a transaccionar o negociar 3, un total de 12, lo que demuestra la escasa predisposición existente para negociar el texto final del Estatuto.
Algunos colectivos a los que se les ha dejado participar han perdido la posibilidad de imponer una solución coherente en torno al Trasvase, pues este Estatuto asegura la explotación del trasvase a un nivel evidentemente insostenible que generará un impacto aun más brutal sobre el medio de la región.
Tampoco aportaba soluciones a las importantísimas de financiación de los municipios dada su dependencia del Gobierno regional, que impide un desarrollo normal en nuestra tierra. Por tanto el resultado final del proceso fallido resultaba ser un texto:
Poco garantista en lo relativo a los derechos y libertades de la ciudadanía.
Carente de un compromiso medioambiental serio y riguroso.
No regulador de aspectos tan importantes como los medios de comunicación social.
No garantizaba unas Cortes más plurales y democráticas, consagrando el déficit democrático existente en Castilla-La Mancha donde todos los votos no valen lo mismo.
No servía para superar las carencias y desigualdades sociales y territoriales y superar hipotecas históricas como el trasvase Tajo-Segura.
Se olvidaba de aspectos tan actuales y vigentes como la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.
Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Cuenca, se adopte el siguiente acuerdo:
El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica española de una Comunidad Autónoma, reconocida por la Constitución española de 1978 en su artículo 147 y cuya aprobación se lleva a cabo mediante Ley Orgánica, tipo de norma que requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. En él se recogen, al menos, la denominación de la Comunidad, la delimitación territorial, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas, las competencias asumidas y, si procede, los principios del régimen lingüístico.
El Estatuto inicial de Castilla-La Mancha de 1982, ha sido reformado en tres ocasiones: en 1991, 1994 y 1997 para aumentar las competencias autonómicas y las atribuciones del Presidente de la Junta y comprende 54 artículos, organizados en 6 títulos, además de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y final.
El 29 de enero de 2007, el Pleno de las Cortes regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El texto está compuesto por 170 artículos con los que la Comunidad Autónoma expresa sus aspiraciones de autogobierno y que incluye un nuevo modelo de financiación y la caducidad, en 2015, del trasvase Tajo-Segura.
El 14 de octubre del año 2008, el Congreso de los Diputados aprobó su toma en consideración con una defensa entusiasta del Presidente de la Región, lo que supuso su revisión mediante la presentación de enmiendas por los grupos políticos, sobre todo en el apartado de la política hidráulica.
El Estatuto ha sido presentado por el Gobierno Regional como un gran avance político y social con una participación ciudadana importante y apoyado por todos los ciudadanos castellano manchegos. Lo cierto es que el secretismo y la falta de información han sido lo que ha primado durante su elaboración y redacción, que comenzó en 2005. ¿Alguien en la calle escuchó algo del Estatuto antes de 2007?
Mas de un año después, hasta que PSOE y PP no acercaron sus posiciones y consiguieron incluir todos sus intereses en el articulado, no se dio a conocer el texto, ni se abrió la participación, que además ha sido escasa y excluyente, aunque se ha repetido sin pausa que “han participado todos los agentes sociales” por parte del gobierno regional del PSOE y el PP.
Agentes Sociales como; asociaciones, colectivos, organizaciones sin animo de lucro, ONG´s, federaciones de Madres y Padres, Vecinales, Mancomunidades y Ayuntamientos, etc, tuvieron una participación prácticamente residual, pues el acuerdo inicial PP / PSOE para el primer texto dejaba escasas opciones para la modificación ya que amenazaba con romper el consenso. Casi 40.000 castellano manchegos no estamos representados en las Cortes Regionales de Castilla- La Mancha a causa de una Ley Electoral injusta y antidemocrática, no se nos permitió participar de ese texto inicial, aunque se realizaron peticiones formales para ello. Diversas organizaciones sociales, incluido el PP, pidieron que Izquierda Unida pudiera exponer sus propuestas, el Gobierno Regional del PSOE se negó. Antes habíamos propuesto un Foro Cívico de Participación Estatutaria para que la sociedad organizada pudiera dar su opinión, pero también fue rechazada la propuesta.
El resultado de ese proceso daba como fruto un Estatuto que podría calificarse de “conservador” como lo han sido históricamente la reivindicaciones autonomistas de Castilla-La Mancha, sobre todo por la exclusiva negociación con la derecha y por su carácter poco progresista.
Los principales espacios que cubría la reforma se centraban en:
-Asunción de Competencias en Materia de Hacienda y Recaudación, con la creación de una Agencia Tributaria propia así como mejora del los servicios de Educación o Sanidad (sólo cita aumento del presupuesto).
-Asunción de Competencias en Materia Judicial (cuando haya dinero del Estado), y la creación de un Consejo Regional de Justicia.
-Inserción con carácter de Ley del Reparto del presupuesto General del Estado, las atribuciones económicas centrales a la región y la inversión por parte de Gobierno Central para reducir las desigualdades de Castilla-La Mancha frente al resto de Autonomías.
El 8 de abril fue la primera vez en que Izquierda Unida puedo hacer aportaciones y entrar en el fondo de la negociación del nuevo Estatuto para Castilla-La Mancha. Es detalle de distinción entre el PSOE nacional y el PSOE Regional que nos excluyó de forma premeditada de la consulta parcial realizada a algunas asociaciones y personas individuales de la región. En su momento IU presentó 54 enmiendas al texto acordado por el PP y el PSOE, enmiendas que intentan mejorar el texto, hacerlo más cercano a los ciudadanos y establecer las bases para superar desigualdades e hipotecas históricas para Castilla-La Mancha. De las 54 se aceptaban solo 9 y estaban dispuestos a transaccionar o negociar 3, un total de 12, lo que demuestra la escasa predisposición existente para negociar el texto final del Estatuto.
Algunos colectivos a los que se les ha dejado participar han perdido la posibilidad de imponer una solución coherente en torno al Trasvase, pues este Estatuto asegura la explotación del trasvase a un nivel evidentemente insostenible que generará un impacto aun más brutal sobre el medio de la región.
Tampoco aportaba soluciones a las importantísimas de financiación de los municipios dada su dependencia del Gobierno regional, que impide un desarrollo normal en nuestra tierra. Por tanto el resultado final del proceso fallido resultaba ser un texto:
Poco garantista en lo relativo a los derechos y libertades de la ciudadanía.
Carente de un compromiso medioambiental serio y riguroso.
No regulador de aspectos tan importantes como los medios de comunicación social.
No garantizaba unas Cortes más plurales y democráticas, consagrando el déficit democrático existente en Castilla-La Mancha donde todos los votos no valen lo mismo.
No servía para superar las carencias y desigualdades sociales y territoriales y superar hipotecas históricas como el trasvase Tajo-Segura.
Se olvidaba de aspectos tan actuales y vigentes como la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.
Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Cuenca, se adopte el siguiente acuerdo:
1º.- Solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, después de esta oportunidad perdida y malograda, inicie de inmediato un nuevo proceso de elaboración estatutaria que garantice la participación de todos los agentes sociales, asociaciones y partidos políticos de la región.
No hay comentarios:
Publicar un comentario