En toda una legislatura, desde el año 1999 al 2003, el Alcalde de Cuenca, no cumplió con su obligación de presentar al Pleno del Ayuntamiento un proyecto de los presupuestos anuales. Así mismo, la gestión de los ingresos derivados del entonces floreciente urbanismo estaba siendo totalmente opaca y además ilegal, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Cuando en las elecciones del año 2003 volvió a ganar el PSOE las elecciones municipales, interpretaron antidemocráticamente, que su victoria electoral les legitimaba para seguir actuando de la misma forma a como lo habían venido haciendo en la legislatura finalizada y siguieron dos años más con la misma gestión, hasta que cuando había transcurrido más de la mitad del año 2006 se vieron forzados a la presentación del presupuesto de ese año, con ocho meses de retraso.
Por ello, desde Izquierda Unida de Cuenca, aunque no teníamos representación en el Ayuntamiento y ante la escasa o nula oposición que existía en la Corporación por parte del PP, decidimos poner en marcha iniciativas para denunciar esta situación.
En septiembre de 2003 nos dirigimos por escrito al Tribunal de Cuentas poniendo en su conocimiento esta situación claramente anómala e irregular; y en febrero de 2006, a través del Grupo Parlamentario de IU en las Cortes Generales, solicitamos la fiscalización. Por último, en febrero de 2007, el Tribunal de Cuentas incluyo en su programa de fiscalizaciones los ejercicios de 2004 y 2005 del Ayuntamiento de Cuenca.
Ya conocemos los resultados de esa fiscalización. El Tribunal de Cuentas ha venido a dar la razón a Izquierda Unida en las irregularidades que planteamos, pero además, han surgido muchas más cuestiones que descalifican totalmente la gestión de Cenzano y del PSOE.
De las 38 conclusiones, mencionamos, a nuestro juicio, las más importantes:
· Falta de planificación de los gastos que requerían la celebración de contrato, por lo que existen 4.087.666,37 euros de gastos sin contrato en los dos años fiscalizados.
· Falta de un sistema adecuado de la gestión de los ingresos, que ha podido suponer que el Ayuntamiento haya dejado de ingresar una cantidad superior a los 5 millones de euros.
· Incumplimientos de la normativa legal en materia de contabilidad y fiscalización interna.
· Incumplimiento por el Alcalde de manera continuada de la Ley de Haciendas Locales al no presentar el Presupuesto al Pleno.
· En los dos años fiscalizados, 55.585.022,84 euros fueron gastados sin respaldo legal.
· Ante la situación de insolvencia financiera a corto plazo que presentaba el Ayuntamiento, no se cumplió con la obligación establecida en la Ley de Haciendas Locales para hacer frente al déficit producido.
· La última Cuenta General fiscalizada del año 2005, no refleja la verdadera situación financiera a corto plazo del Ayuntamiento.
· Se hicieron pagos indebidos a funcionarios del Ayuntamiento en los dos años fiscalizados por importe de 1.199.000,22 euros.
· La empresa pública EMPUSER ha supuesto una falta de control por el Ayuntamiento de su actividad contractual y del gasto realizado por la misma. No está acreditada ni la necesidad de su creación ni que se haya alcanzado una mejora de los servicios. Muy al contrario, ha supuesto un aumento del coste del 20% de las prestaciones realizadas por el Ayuntamiento.
· Ha existido un desarrollo urbanístico que se ha alejado del modelo de ciudad previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, como consecuencia de importantes reclasificaciones de suelo rústico.
· La gestión de algunos sectores de suelo urbanizable ha supuesto vulnerar los principios de igualdad y publicidad que deben guiar el procedimiento de selección del agente urbanizador.
· El control y la actividad inspectora en materia de urbanismo fueron prácticamente nulas en los dos años fiscalizados.
· Las incidencias en la gestión urbanística en algunos casos podrían haber supuesto un perjuicio económico para la Corporación.
· El Ayuntamiento no ha establecido procedimientos que garanticen el adecuado seguimiento y control del Patrimonio Municipal del Suelo.
· El destino que se ha dado a los ingresos obtenidos con la venta del patrimonio municipal del suelo no se ajustó a la finalidad que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
· Hay funcionarios municipales vinculados a la gestión urbanística que incumplieron el régimen de incompatibilidades.
Consecuencia de esta fiscalización, el Abogado del Estado y el Fiscal del Tribunal de Cuentas han decidido remitir a la Sección de Enjuiciamiento para depurar la responsabilidad contable, 7 y 13 hechos, respectivamente.
En el caso concreto de EMPUSER han acordado la formación de Pieza Separada, a fin de establecer las posibles responsabilidades contables.
¿Y ahora qué?
El PSOE y la Interventora Municipal, como principales responsables de este desaguisado, se defienden como pueden.
El PP tira la piedra y esconde la mano, porque siguen haciendo en muchos asuntos lo mismo que el PSOE, además de que muchas de las cuestiones irregulares que señala el Tribunal de Cuentas contaron con el apoyo del PP.
Por otra parte, el PSOE trata de que toda la responsabilidad recaiga en los técnicos municipales y para mantenerse en esa actitud tan cínica y cobarde, dice que hay que defenderlos.
Igualmente tratan de derivar el debate a las responsabilidades penales y a que no “se han llevado dinero”, cuestiones estas que no se han planteado por el Tribunal de Cuentas. De esta forma tratan de salvar su imagen y su malísima gestión. Si hubiera responsabilidades penales y faltara dinero, estaríamos hablando de delincuentes y de ladrones y eso, todavía no ha sido señalado.
Izquierda Unida está de acuerdo con las consideraciones que hace el Tribunal de Cuentas, trabajara para que todas la deficiencias en la gestión que ha señalado sean subsanadas exigiéndoselo al Partido Popular que está gobernando en estos momentos y además espera que los Tribunales, sin interferencias políticas de por medio, depuren todas las responsabilidades contables o de otro tipo que se hayan podido producir.
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