EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA FALLA A FAVOR DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

En su momento, desde Izquierda Unida de Cuenca y a través de su concejala en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, ya hicimos público la oportunidad y adecuación de esta asignatura, que lejos de tener que suscitar polémica debía haberse entendido como una puesta al día en educación. Hacía falta que un país como España, abordara el tema de los valores democráticos sin complejos, desde la docencia pública, para estar a la altura de los tiempos y a juzgar por el comportamiento general de la sociedad española. En toda Europa los programas de estudio vienen contando con asignaturas parecidas desde hace años.

“Parece que todavía pesa, como un enorme lastre, en nuestra cultura algo parecido a un complejo de inferioridad en materia de derechos y libertades respecto de nuestros países vecinos con quienes compartimos bandera, moneda, ejércitos y policía. Sin embargo nuestra educación adolecía de contenidos cívicos concretados en una asignatura que llegara a la enseñanza primaria y a los primeros años de la secundaria, puesto que en el resto ya venía recogida en otras como Ética y Filosofía” dice Ana Cruz, responsable de Educación de IU en Cuenca, desde donde se celebra que el Tribunal haya fallado a favor de la asignatura y en contra de “un absurdo empecinamiento teñido de objeción de conciencia para que los niños y adolescentes no estudiaran valores democráticos y actuales. La educación, por definición consiste en transmitir conocimientos, incluidos conocimientos sobre el funcionamiento de los sistemas democráticos en los que vivimos, destacando los derechos y los deberes de los ciudadanos, diversos, interculturales y actuales” sigue expresando Ana Cruz para quien no había dudas en el caso “demasiado ha tardado el Tribunal en aclarar un asunto que nunca debía haber existido, porque en un estado de derecho, como es el nuestro, resulta normal educar en conocimiento científico, tecnológico, humanístico, deportivo, musical, artístico y ético, es decir un conocimiento integral de la persona, objetivo de cualquier ley educativa que se precie y que sea coherente con la constitución y la carta magna de los derechos humanos”.

Desde esta formación política se quiere expresar el máximo respeto al poder judicial y se quiere instar a las comunidades autónomas con competencias educativas, como Castilla La Mancha, a que tomen todas las medidas legales inmediatas para recuperar la normalidad de aquellos alumnos y alumnas afectados por este embrollo provocado por sus padres y algunos colectivos que impiden el correcto ejercicio democrático del sistema educativo. Cuanto antes se pase página mejor, eso sí, dejando las cosas claras para evitar males mayores o repeticiones de los mismos, ya que de los errores hay que aprender.