El Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La
Mancha da la razón a sindicatos y trabajadores contra
decisiones de la Junta
de Comunidades, sobre todo contra el modo de proceder de los políticos de la Junta ¿es que esta
administración pública no está sujeta el estado de derecho?
Resulta que
son varios los casos que el gobierno del PP en nuestra comunidad está perdiendo
en los tribunales. En GEACAM son ilegales los EREs, a los docentes interinos
les tiene que reconocer trienios y pagárselos, ahora son casi 500 despidos de
funcionarios interinos los que tienen que ser readmitidos. En derecho penal
cuando se es reincidente las penas son mayores y en derecho administrativo la reincidencia genera una gran desconfianza
entre la población hacia el sujeto infractor, en este caso los políticos de
Castilla La Mancha.
En buena
lógica, no nos queda más remedio que admitir la ilegalidad de la política del
PP. Eso que partía con la mayoría de los votos en las últimas elecciones, con una
ley electoral totalmente favorable al bipartidismo, de hecho, Castilla La Mancha es la única
comunidad autónoma en donde sólo dos partidos en su cámara. Sin embargo, esa
confianza no es suficiente para Cospedal. Ella, ha tenido la necesidad de
violar la ley, de imponer recortes injustificados, de echar a trabajadores y
trabajadoras de sus puestos sin motivos legales. Sus consejeros se saltan a la
torera plazos y formas administrativas legales.
La presidenta
es la misma persona que entra y sale de los juzgados para declarar sobre
posibles casos de corrupción de su partido, porque tiene cargos de
responsabilidad. Es la misma persona que cuando visita pueblos y ciudades de
nuestra región se rodea de un fuerte cordón policial que la mantiene alejada de
la ciudadanía ya que los abucheos son constantes.
“Por sus obras
les conoceréis” dice la Biblia. A
Cospedal, como a su homónimo madrileño, Ignacio González, en poco tiempo la
conocemos de sobra, es más, nos gustaría no conocerla tanto. Pero lo peor es
que es famosa en los tribunales. Son los jueces quienes mejor la conocen. Pobre
comunidad en la que la representante del poder ejecutivo está siendo condenada,
una y otra vez, por los representantes del poder judicial. La permanente
judicialización de la política no es un buen síntoma de conducta democrática y
respeto a la ley. A Cospedal le sabran las leyes porque le impiden hacer y
deshacer lo que quiere con nuestra región, con nuestros recursos, con nuestro
dinero. Le sobran los tribunales que le recuerdan que la mayoría absoluta no es
un régimen absolutista.
Tal vez su
partido debiera corregirla, encauzarla, reprenderla. Pero ¿quién puede hacer
tal cosa? En el gobierno del PP nadie da la talla en materia de moralidad, de
ética y,como se ve a diario, ni siquiera en materia de legalidad.
Insistimos en
que la ley existe y si se aplica con justicia debe exigir que se cumplan las
sentencias y castigar a quienes cometen infracciones, sobre todo si son
reincidentes, porque de lo contrario no viviríamos en democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario