En la mañana
de hoy, Izquierda Unida de Cuenca se ha dirigido al Subdelegado del Gobierno en
la provincia de Cuenca, Ángel Mariscal, para que inste a todas las
Administraciones Públicas, dentro de sus responsabilidades como máximo
representante del Estado en esta Provincia, a que paralicen de manera inmediata
todos los procesos de licitaciones, de adjudicaciones de obras, bienes y
servicios, de ventas de Patrimonio público, de externalización de servicios y
de derivación a la gestión privada de cualquier servicio o función pública.
Esta
solicitud, presentada en la Subdelegación por la Coordinadora Provincial de IU
de Cuenca, Ana María Sánchez, se hace atendiendo a la defensa del interés
general fijado en la Constitución Española, defensa de la Hacienda Pública y
del principio de transparencia en la acción de Gobierno, y se ha presentado
igualmente en otras provincias.
La
representante de esta formación política ha manifestado que es necesaria esta
solicitud por varias razones que se consideran de máxima urgencia: una es la
alarma social creada ante los escándalos de corrupción política, especialmente
ligados a los procesos de adjudicaciones a empresas concesionarias que
posteriormente y supuestamente hacen millonarias donaciones ilegales a partidos
políticos que ostentaban el Gobierno que hizo esas adjudicaciones públicas.
La
querella presentada por IZQUIERDA UNIDA junto a otras asociaciones, en el
llamado Caso “Bárcenas”, apunta a numerosas empresas que beneficiadas por
adjudicaciones públicas, posteriormente y supuestamente hacían donaciones de
dinero al Partido Popular, que luego se sospecha se repartía en parte o en su
totalidad entre altos dirigentes del PP, e incluso a miembros del Gobierno de España, vulnerando la Ley de
Financiación de Partidos Políticos y otras leyes del Estado.
Os
ciudadanos están indignados por como los sucesivos gobiernos, tanto de PP como
del PSOE, amparan estas prácticas de corrupción, ya que se han indultado
recientemente a cargos políticos del PP y de CiU condenados en firme por
delitos relacionados con la corrupción y la financiación ilegal de partidos, o
a directivos de la Banca, como el expresidente del Banco de Santander. “El
origen y causa de estas prácticas es la privatización de servicios así como las
adjudicaciones de obras en las cuales los poderes públicos deciden
desentenderse de la gestión pública directa” matizó Sánchez, resaltando como se
ha comprobado que todos estos procesos vienen acompañados al poco tiempo de
ampliaciones, modificaciones y añadidos que acaban desfasando el coste
previsto, y cómo esto ha afectado a una irresponsable subida de la deuda y el
déficit público.
La moratoria
debería de estar activa mientras no se reponga la confianza ciudadana en la
gestión de los asuntos públicos y se resuelvan los grandes casos de corrupción
iniciados por los Tribunales de Justicia.
Finaliza IU
indicando que para ellos “no existe riesgo alguno para la continuidad de la
prestación efectiva de dichos servicios y solamente pretendemos evitar un daño
mayor a las cuentas públicas y a la calidad democrática de nuestro país”.
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