MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO ENERO'11

MOCION CONTRA LA REFORMA DE LAS PENSIONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo el 3% del PIB, hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás, y la sociedad tiene muchas más fondos para las y los pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para las y los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.

Aún así el Gobierno dice que el gasto en pensiones es muy alto.
No es cierto. En 2011 gastaremos en pensiones contributivas en torno al 10% del PIB. En 2040, el 14%. Hoy hay países como Italia que ya gastan ese 14 %. Francia gasta ya el 12%. Nuestras pensiones medias son de las más bajas de Europa y el número de pensionistas comparado con la población también es de los más reducidos. Incluso en períodos de crisis como el actual y con 4,5 millones de parados, la Seguridad Social tiene superávit y el Fondo de reserva está aumentando hasta alcanzar casi los 70.000 millones de euros.

Se asume erróneamente el hecho de que la esperanza de vida haya aumentado cuatro años desde 1990, quiere decir que una o un español promedio viva cuatro años más, lo que el dato quiere decir no es que la ciudadanía del país viva esos años más. Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando. Además, las diferencias en longevidad por clases sociales son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existentes entre una persona perteneciente al sector de renta más baja del país (las y los más pobres) y al sector superior (las y los más ricos) en España es nada menos que de diez años. En el promedio de la UE-15 son siete. Una trabajadora no cualificada, en paro frecuente, no tiene a los sesenta años el nivel de salud que un banquero tiene a los sesenta años. Este último sobrevivirá a la primera, es profundamente injusto pedirle a la primera que continúe trabajando más años para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá más años.

Es verdad que habrá más pensionistas, pero también es verdad que habrá más cotizantes y con cotizaciones más altas. El problema no es demográfico, sino de voluntad política. Se pueden Que en el proceso de diálogo recientemente inaugurado con los agentes sociales se desestime la edad de jubilación a los 67 años y no sea ampliando el número de años para determinar la base reguladora, de los 15 actuales hasta toda la vida laboral. Que se tenga en cuenta la desigualdad actual del sueldo de las mujeres respecto a los hombres, un 30% menos, lo que las margina en cuento a la cotización y las pensiones.

, se puede evitar que las mujeres ganen un 30% menos que los hombres y, por tanto, coticen menos, se puede elevar el salario mínimo (uno de los más bajos de Europa), se puede hacer cotizar las becas (en su mayor parte son contratos laborales encubiertos) se pueden elevar las cotizaciones máximas (la base más alta son 3.198 euros/mes; a partir de ahí ya no se cotiza más).

Por otro lado, desde el Pacto de Toledo se impuso la división de fuentes, de la caja de la Seguridad Social un comportamiento estanco engañoso que no debe confundir: el Estado es único y hay que contemplar conjuntamente sus ingresos y sus gastos. Las pensiones pueden cubrirse con la cotizaciones, pero también con otros ingresos, incluso con impuestos progresivos, aunque esto fuera mucho pedir. En sentido contrario, las cotizaciones han cubierto en el pasado otros gastos del Estado como sanidad pública, o han “sostenido” al régimen agrario deficitario.

En realidad, sólo 8 de los 27 países de la Unión Europea se financian exclusivamente las pensiones mediante cotizaciones.

El objetivo de estas propuestas es reducir en el futuro los gastos en pensiones por la doble vía de disminuir el número de pensionistas, aumentando la edad de jubilación, y reducir el montante de cada pensión ampliando el número de años para determinar la base reguladora, de los 15 actuales hasta toda la vida laboral.

No se indaga en el corazón del problema: que en este país hay muchas pensiones, millones, manifiestamente insuficientes, que el gasto en pensiones es considerablemente más bajo que en la media europea y que, en la peor de las previsiones, las pensiones requerirían a lo sumo el porcentaje del PIB que ya dedican a ellas otros países de la Unión Europea. Como media, el gasto en pensiones en los países de la UE es del 12% del PIB. En España no llega al 9%, cabe completar esta información con el hecho de que el gasto público total es inferior al 39% del PIB, mientras que en Europa de los 15 es del 46%, una diferencia que se concentra sobre todo en los gastos sociales.

El Gobierno dice que las medidas que se toman ahora son para consolidar el sistema y garantizar las pensiones del futuro. La realidad es que las medidas que se toman tienen por objetivo reducir las pensiones y así lo expresa el Gobierno en el compromiso contenido en el Plan de Austeridad enviado a la Comisión Europea. El aumento de la edad de jubilación significa que todas y todos cobraríamos dos años menos de pensión, con el consiguiente ahorro (que se estima en un 6%) y el aumento de los años de cómputo para determinar el importe de la pensión, de los actuales 15 años a 20 o 25, significa que todos cobraremos pensiones más bajas (entre un 5 y un 10% menos) porque los salarios más antiguos eran más bajos.

A pesar de todo lo anterior el Gobierno dice que defiende el sistema público de pensiones, que lo ha entregado a los mercados, que tienen nombre y apellidos. Son los bancos y las compañías de seguros. Se pretende un modelo asistencial, es decir unas pensiones públicas mínimas y el resto con complementos de los seguros privados.

Para finalizar, resulta una inoportunidad extrema airear ahora este tema, en pleno huracán de la crisis económica: la inseguridad desatada agudizará la depresión y cabe preguntarse, con 4.110.294 según el Ministerio de Trabajo de paradas y parados, si lo que reclama la situación es prolongar la vida laboral o reducirla para dar encaje a las y los jóvenes desempleados. Desde Izquierda Unida creemos que la clase política es ajena a la reforma de las pensiones que acaba de proponer el Gobierno. Mientras el Gobierno quiere retrasar la edad de jubilación a los 67 y rebajar las pensiones, sus señorías disfrutan del privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años.

Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Cuenca, la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Que el Ayuntamiento de Cuenca eleve al Ejecutivo Central la petición para que se retire la propuesta actual para la reforma de las pensiones.

2.- Que en el proceso de diálogo recientemente inaugurado con los agentes sociales se desestime la edad de jubilación a los 67 años y no sea ampliando el número de años para determinar la base reguladora, de los 15 actuales hasta toda la vida laboral. Que se tenga en cuenta la desigualdad actual del sueldo de las mujeres respecto a los hombres, un 30% menos, lo que las margina en cuento a la cotización y las pensiones.