En la madrugada de ayer fue asesinada la víctima 34 de violencia de género en lo que llevamos de año y la cuarta en lo que llevamos de mes, estando hoy a día 7 del mes de junio, a mitad de año, es más que preocupante como comienza este mes, y más teniendo en cuenta que estando a mitad de año, ya llevamos 6 muertas más que la mitad del total del 2009.
Estas cifras tan contundentes como negativas demuestras que la Ley Integral no funciona. Desde IU hemos ido avisando que esta Ley, aún siendo necesaria, tenía grandes deficiencias y no llegaría a solucionar este terrible problema. Estos datos nos vienen a dar la razón en que las medidas de la Ley Integral no son suficientes para la protección de las mujeres y sus hijas e hijos, víctimas inocentes de la violencia de género.
A día de hoy la Ley olvida los aspectos estructurales de la violencia contra la mujer. Debe ser reformada para suplir las carencias por medidas efectivas en materia de detección, prevención y protección de la violencia de género.
La lacra de la violencia de género no afecta sólo a las mujeres sino al conjunto de la sociedad, por ello hablar de violencia de género no sólo es hacer referencia a las estadísticas que resumen un periodo de tiempo determinado. Lo que se destaca bajo ese concepto es la existencia de elementos que la cultura ha puesto a disposición de los hombres para que aquellos que lo decidan puedan utilizarlos para construir la estructura en la que atrapar a “su mujer”, y si esta escapa y ellos lo consideran, que lo haga con el precio de su vida. Son estos factores lo que, según se deduce de la información existente en el momento actual, hacen que mueran menores de edad a manos de sus parejas.
En este caso, la juventud no es la clave del problema, sino tan sólo uno de los elementos acompañantes, que se ha visto potenciado por el resto de circunstancias. Las profundas raíces de la violencia de género ha sido el principal problema de la violencia que sufren las mujeres, esa presencia histórica y su normalización sobre la crítica de determinadas circunstancias que la esperanza en las nuevas generaciones aún no ha resuelto. La violencia no está ausente del mundo de los jóvenes, tal y como reveló el Informe sobre la Convivencia Escolar al reflejar que un 19,9% de los alumnos actúa de forma violenta o consiente la violencia.
No basta la actitud pasiva ni la crítica sobre los casos, ello podrá producir más o menos rechazo sobre el suceso, o mayor o menor repulsa ante las circunstancias, pero apenas modificará la conciencia crítica social sobre el problema y la violencia de género.
Según el Barómetro del CIS del año pasado, el porcentaje de población que consideró la violencia contra las mujeres como un problema grave sólo fue del 1.8%, sin que ello significara que en cada uno de ellos no se produjera un rechazo ni muestras de solidaridad con las familias.
La Ley Integral debe de dirigir gran parte de los esfuerzos a concienciar y sensibilizar a la sociedad, a introducir referencias para la convivencia y la paz a través de la educación, y a formar a los profesionales que intervienen en los casos relacionados con la violencia de género. Pero no basta con las políticas institucionales, prácticamente el 80% de los homicidios no existía denuncias previa y nada se pudo hacer desde la institución.
Estas cifras tan contundentes como negativas demuestras que la Ley Integral no funciona. Desde IU hemos ido avisando que esta Ley, aún siendo necesaria, tenía grandes deficiencias y no llegaría a solucionar este terrible problema. Estos datos nos vienen a dar la razón en que las medidas de la Ley Integral no son suficientes para la protección de las mujeres y sus hijas e hijos, víctimas inocentes de la violencia de género.
A día de hoy la Ley olvida los aspectos estructurales de la violencia contra la mujer. Debe ser reformada para suplir las carencias por medidas efectivas en materia de detección, prevención y protección de la violencia de género.
La lacra de la violencia de género no afecta sólo a las mujeres sino al conjunto de la sociedad, por ello hablar de violencia de género no sólo es hacer referencia a las estadísticas que resumen un periodo de tiempo determinado. Lo que se destaca bajo ese concepto es la existencia de elementos que la cultura ha puesto a disposición de los hombres para que aquellos que lo decidan puedan utilizarlos para construir la estructura en la que atrapar a “su mujer”, y si esta escapa y ellos lo consideran, que lo haga con el precio de su vida. Son estos factores lo que, según se deduce de la información existente en el momento actual, hacen que mueran menores de edad a manos de sus parejas.
En este caso, la juventud no es la clave del problema, sino tan sólo uno de los elementos acompañantes, que se ha visto potenciado por el resto de circunstancias. Las profundas raíces de la violencia de género ha sido el principal problema de la violencia que sufren las mujeres, esa presencia histórica y su normalización sobre la crítica de determinadas circunstancias que la esperanza en las nuevas generaciones aún no ha resuelto. La violencia no está ausente del mundo de los jóvenes, tal y como reveló el Informe sobre la Convivencia Escolar al reflejar que un 19,9% de los alumnos actúa de forma violenta o consiente la violencia.
No basta la actitud pasiva ni la crítica sobre los casos, ello podrá producir más o menos rechazo sobre el suceso, o mayor o menor repulsa ante las circunstancias, pero apenas modificará la conciencia crítica social sobre el problema y la violencia de género.
Según el Barómetro del CIS del año pasado, el porcentaje de población que consideró la violencia contra las mujeres como un problema grave sólo fue del 1.8%, sin que ello significara que en cada uno de ellos no se produjera un rechazo ni muestras de solidaridad con las familias.
La Ley Integral debe de dirigir gran parte de los esfuerzos a concienciar y sensibilizar a la sociedad, a introducir referencias para la convivencia y la paz a través de la educación, y a formar a los profesionales que intervienen en los casos relacionados con la violencia de género. Pero no basta con las políticas institucionales, prácticamente el 80% de los homicidios no existía denuncias previa y nada se pudo hacer desde la institución.
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